Hasta
el optimista más empedernido no podría celebrar los resultados de la
CASEN 2022 en relación a niños, niñas y adolescentes. Al igual que
sucede con la pobreza por ingresos, todos los grupos etarios disminuyen
también su pobreza multidimensional en relación a la encuesta de 2017.
Pero en uno y otro indicador, la población de menor edad sigue siendo la
más pobre y vulnerable.
Eso no cambia.
Lo
más grave es que la pobreza afecta de modo distinto y más profundo a
niños, niñas y adolescentes que a los adultos. Considerando el proceso
de desarrollo biológico, sicológico y social que caracteriza a la
infancia y a la adolescencia, nacer y crecer en pobreza disminuye la
probabilidad de que niños, niñas y jóvenes puedan alcanzar el máximo
potencial de sus capacidades. Vivir la edad temprana en contextos
marcados por carencias materiales, violencia en el entorno y la familia,
prácticas de estigmatización y bullying, actúa como barrera a la
formación plena e integral. Esto impacta negativamente en el desarrollo
de capacidades y dificulta la inclusión en espacios sociales relevantes,
como el sistema educativo, por ejemplo, exponiéndolos a más y más
experiencias adversas presentes y futuras.
Haciendo
foco en los números, se observan brechas en la pobreza por ingresos
evidentes en subgrupos específicos. Mientras el 10,5% de las personas
entre 0 y 17 años nacidas en Chile está en situación de pobreza por
ingresos, esta cifra se eleva al 17,7% de los nacidos fuera de Chile. En
relación a diferencias por zonas, el 9,8% de las personas entre 0 y 17
años que viven en sectores urbanos se encuentra en situación de pobreza
por ingresos, en contraste con el 16,3% de los que viven en zonas
rurales. Y el 10,1% de las personas entre 0 y 17 años que no pertenecen a
pueblos indígenas está en situación de pobreza por ingresos, en
contraste con el 13,2% de los que sí pertenecen a pueblos originarios.
Recién
acabo de asumir la desafiante tarea de dirigir Fundación Súmate, que se
ocupa de la inclusión educativa. Esa es una manera de decir
positivamente que trabajamos para reinsertar en el sistema escolar a los
227 mil niños, niñas y adolescentes que han sido excluidos y están
privados de su derecho a la educación.
Muchos
me han preguntado cómo y por qué esos estudiantes “desertan” y yo me
empeño en hacer la diferencia: esos niños y niñas no son desertores,
como se suele decir, atribuyéndoles responsabilidad en ese abandono. Son
víctimas de un sistema que desecha al complejo. Al que es pobre y, por
eso, acarrea una serie de problemas: de aprendizaje, familiares,
conductuales.
La pobreza por ingresos se estima contrastando los ingresos
que recibe un hogar con la cantidad de miembros que lo componen. A
menos integrantes que generen ingresos y más que no los generen, mayor
probabilidad de estar por debajo de la línea de la pobreza. Por esto, la
pobreza tiende a ser mayoritaria en niños, niñas y adolescentes, que
son económicamente inactivos, lo que se agudiza en los que viven en
hogares monoparentales: el 16,1% está en situación de pobreza versus el
9,4% de los hogares donde están los dos padres presentes.
Luchar
contra la inasistencia, la desescolarización y el abandono escolar es
complejísimo, más cuando la tentación de la plata fácil, de lograr
reconocimiento por el miedo, de convertirse en bacán a punta de pistola,
está a la vuelta de la esquina de todos los territorios vulnerables.
Esto no es estigmatizar. Es constatar una realidad, que la CASEN 2022
nos confirma, envuelta en el papel de regalo que significa un punto más
arriba que en los índices de 2017.
Los invito a todos a asumir en serio lo que el gobierno llama
“reactivación escolar” y que esperamos el flamante nuevo ministro de
Educación, Nicolás Cataldo, priorice en su gestión. La invitación es a
trabajar para devolver el derecho a la educación a los niños, niñas y
adolescentes de Chile, nacidos o no en el territorio. No podemos
quedarnos impávidos frente a la pobreza y la falta de oportunidades de
quienes deben ser –en cualquier democracia que se respete– sujetos
prioritarios de derecho.