La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió la semana pasada que
la prolongación del cierre de escuelas en el mundo podría derivar en
una “catástrofe generacional”. El congelamiento de los procesos
educativos en gran parte del planeta, que integró el conjunto inicial de
estrategias para frenar la propagación del Covid-19, llegando a afectar
a casi 1.500 millones de estudiantes a nivel global —equivalentes al
90% de la población escolar mundial—, amerita hoy una seria discusión.
Todos anhelamos volver a la normalidad, pero así como en Magallanes hace
unas semanas pensábamos en un desconfinamiento, hoy con los nuevos
rebrotes se nos hace muy difícil imaginar a nuestros hijos de regreso en
las salas de clases. Los nocivos efectos en la formación de capital
humano y en el desarrollo de habilidades sociales producto de detener
los procesos educativos amenazan con dejar secuelas permanentes sobre
toda una generación, especialmente en los países en desarrollo, donde
antes de la pandemia ya se experimentaban graves problemas de acceso y
calidad de la enseñanza: de acuerdo con datos del Banco Mundial, el 51%
de los estudiantes de naciones de ingreso bajo y medio no adquirían las
habilidades básicas al concluir la educación primaria. Tras lograr
importantes avances en la contención del Covid-19, diversos países han
iniciado el proceso de reapertura gradual de sus establecimientos
educacionales. Las exitosas experiencias de algunas naciones europeas y
de Corea del Sur avalan la posibilidad de volver a las aulas. Alemania y
Austria, por ejemplo, optaron por una reapertura gradual y por
horarios, logrando así disminuir el número de estudiantes por sala y, en
consecuencia, garantizar el distanciamiento físico. ¿Pero en Magallanes
tenemos las condiciones para lograrlo? Aún resuenan fuerte los dichos
del infectólogo del Hospital Clínico, Rodrigo Muñoz, quien señaló que
“sería una irresponsabilidad” que los niños de Punta Arenas volvieran a
clases presenciales durante este año.