En
diciembre votaremos un nuevo proyecto de constitución y los argumentos
tanto a favor como en contra del texto ya comienzan a asomar. En este
contexto, resulta particularmente llamativo que un grupo creciente de
personas promueva el voto en contra por considerar que la propuesta es
parte de una agenda “globalista” liderada por la izquierda internacional
y la ONU, las que, a través del procedimiento de adopción de tratados
internacionales establecido en el proyecto constitucional, estarían
intentando adquirir el control del país.
Las
teorías de la conspiración se caracterizan por repudiar de los datos,
promover la subjetividad, rechazar lo que no nos gusta y creer
falsedades propagadas en redes. Entre ellas se cuentan quienes creen que
la tierra es plana (terraplanistas), que las vacunas tienen microchips,
y que el hombre nunca llegó a la Luna. El globalismo es una más de
estas teorías, y resulta particularmente extravagante considerando las
instituciones involucradas, sus objetivos, quienes estarían llevándola a
cabo, y, sobre todo, por carecer de asidero en el proyecto
constitucional.
Partamos
por la ONU, institución que los conspiracionistas acusan de querer
instalar su agenda en nuestro país. La ONU fue fundada en 1945 para
mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones
amistosas entre naciones y promover el progreso social, mejores
condiciones de vida y derechos humanos. Chile no solo es miembro de la
ONU, sino que fue uno de sus fundadores. Entre otros instrumentos de la
ONU, se cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos y la
Convención sobre los Derechos del Niño. Por su parte, los principales
financistas de la ONU son la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Reino
Unido, entre otros. En definitiva, es difícil sostener que la ONU sea
una trinchera del comunismo internacional.
Otro
tanto ocurre con los objetivos de la agenda 2030. En 2015 la ONU
propuso 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre otros, se
encuentran el fin de la pobreza, hambre cero, trabajo decente y
crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. Se
podría decir que estos objetivos son irrealizables en países como el
nuestro, donde aún nos queda un trecho largo por recorrer, pero ¿De
verdad puede alguien estar en contra de alguno de estos objetivos?
Dónde
ya el tema toma ribetes de delirio es cuando se consideran las
personalidades detrás de la supuesta imposición de la agenda globalista.
A nivel mundial, se dice que detrás de la ONU estaría el millonario
estadounidense George Soros. A nivel local, el proyecto constitucional
es patrocinado por el partido Republicano, lo que inmediatamente
transforma a José Antonio Kast (JAK) en el líder de la agenda
globalista. Pero resulta que en su campaña presidencial JAK propuso la
salida de Chile de la ONU y recientemente señaló que el texto
constitucional impide la agenda 2030. Entonces, quienes creen en esta
teoría, sostienen que JAK, de la noche a la mañana, se alineó con la
izquierda globalista y George Soros para imponer la agenda de la ONU en
Chile. Un disparate.
Ahora
vamos a la propuesta constitucional, la cual poco innova en materia de
tratados internacionales. La actual constitución dispone en su artículo 5
el deber de Chile de promover y garantizar los derechos establecidos en
los tratados internacionales ratificados por el Congreso (un
procedimiento similar al de la aprobación de una ley), cuyo quórum de
aprobación depende de la materia de la que se trate (artículo 59). Por
su parte, el proyecto constitucional consagra exactamente el mismo
principio y procedimiento en sus artículos 3 y 59 a). Aún más
importante, el proyecto de nueva constitución consagra que las normas de
derecho interno deberán interpretarse solamente considerando las
disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de
derechos humanos. Es decir, teniendo en cuenta. Finalmente, los quórums
de reforma constitucional son más altos en el proyecto que en la actual
constitución, por lo que plantea una exigencia mayor para la aprobación
de tratados que afecten dichas materias que la actual constitución.
En
definitiva, no existe ninguna diferencia sustantiva entre el régimen
actual de tratados internacionales y el de la propuesta constitucional.
Chile ha suscrito más de 50 tratados en distintas materias (incluyendo
económicas), que han acarreado progreso para nuestro país durante los
años que ha estado vigente la actual constitución, lo que no cambiará de
aprobarse o rechazarse el nuevo proyecto.