En
las poblaciones, calles y avenidas de cada ciudad de Chile se escuchaba
con fuerza la consigna “Pan, trabajo, justicia, libertad” como una
forma de rechazo a la dictadura y su política económica y social. El
sistema neoliberal se instalaba a sangre y fuego en Chile amparado bajo
la Constitución del 80 y el Estado Subsidiario, causando grandes
secuelas en las familias de Chile. Las necesidades, la falta de
oportunidades, la suspensión y atentado a los derechos, la falta de
democracia, dieron paso a la resistencia, a la lucha y a la organización
para alcanzar un Chile más justo y vivible. A pesar de un sinfín de
modificaciones el Estado Subsidiario y el modelo neoliberal siguieron
imperando tras la recuperación de la democracia debido a una serie de
candados consagrados en la Constitución. El estallido social y su
remezón profundo sobre el modelo de sociedad imperante nos instaló la
urgencia de una nueva Constitución para que las necesidades de
educación, salud, trabajo y vivienda no sean solo un anhelo de las
familias pobres, sino un derecho garantizado.
Una
nueva Constitución nacida en democracia va a ser legítima no solo por
reemplazar la Constitución del 80, sino por superar las injusticias que
ella generó; por tanto, se espera que cubra la falta de derechos
sociales garantizados que ha perjudicado la condición económica de una
parte importante de la población. La nueva Constitución seguramente no
será del gusto en particular para cada uno de nosotros en algunos
aspectos, pero da un salto cuantitativo en materia de justicia social y
el rol de Estado en satisfacerla. Pasar de un Estado Subsidiario a un
Estado Social de Derechos en donde todos como sociedad nos preocuparemos
del bienestar del otro, garantizando los derechos sociales básicos, es
sin duda una de las razones que nos deberían llevar a aprobar el trabajo
de la Convención y el plebiscito de salida. Si a ello sumamos que en la
Convención se ha aprobado el derecho a vivienda, a salud y a la
seguridad social, entre otros, me recuerda que alguna vez un grupo de
muchachos, jóvenes y adolescentes, nos juramentamos “morir luchando, de
hambre ni cagando” para construir una patria justa. El Chile por el cual
mucha gente se movilizó, protestó e incluso entregó su vida, puede
estar a un Apruebo de alcanzarse.
La
nueva Constitución será sin duda el crisol de nuevas y antiguas
demandas, de transformaciones que, aunque cueste entender o incluso
aunque duelan, eran necesarias, porque son una deuda, y porque, además,
los procesos sociales no se pueden detener y tarde o temprano nos
sobrepasan, o nos dejan obsoletos, por la razón o la fuerza. Garantizar
los derechos de género, a través de la paridad en todo evento o por
medio de los derechos de cuidado, o el reconocimiento y garantía de
derechos ancestrales y culturales de nuestros pueblos originarios, ayuda
a superar las injusticias de una sociedad que invisibiliza y explota a
muchos ciudadanos y ciudadanas. Por ello una deuda pendiente que, en era
hora buena, nuestra nueva Constitución saneará.
Ahora
que se termina el plazo de redacción de la Constitución y las
comisiones de armonización y de normas transitorias se aprontan a
trabajar para entregarnos el texto final que votaremos el 4 de
septiembre, es importante informarnos, darnos cuenta y comprometerse por
aquel nuevo Chile que se avecina, donde la dignidad, la justicia y la
igualdad serán parte de la nueva convivencia. Aprobar una nueva
Constitución que actualiza nuestras normas para un Chile real es
necesario e imperativo.