Chile
está en su peor momento económico de las últimas décadas y al
oficialismo pareciera importarle poco. Las cifras e indicadores son
elocuentes, y entre las personas -obviamente- reina el pesimismo.
Es
un hecho que este año no creceremos. Una debacle si consideramos que,
en los últimos 35 años, sólo decrecimos en 1999 y en 2009. Además,
nuestro mercado de capitales ha perdido profundidad, el peso chileno ha
caído más frente al dólar que las monedas de otros países de la región,
el mercado laboral está profundamente deteriorado, y nuestra capacidad
de crecer sigue disminuyendo.
Las
expectativas, claves en las decisiones de los agentes económicos,
también están deterioradas. La encuesta CEP no sólo señala que las
personas creen que el momento actual es negativo -el 87% señala que
Chile está en decadencia o estancado-, sino que estiman que el futuro
económico será todavía más sombrío: 4 de cada 10 consultados cree que
empeorará.
Las
causas de este complejo momento son múltiples: reformas que lesionaron
los incentivos a emprender (reformas tributaria y laboral de la
expresidenta Bachelet), un Gobierno que insiste en políticas públicas
que afectan el crecimiento, el salto al vacío que nos propuso la
Convención Constitucional que cambió la visión que los inversionistas
tenían de Chile, la falta de acuerdos políticos que permitan destrabar
las reformas pro crecimiento y cohesión social que necesitamos, y la
incertidumbre que persiste por un debate constitucional que pareciera
nunca acabar.
Ad portas
del plebiscito del 17/12, cabe preguntarse si la propuesta del Consejo
Constitucional podrá contribuir a revertir el actual escenario. La
respuesta depende de si las normas propuestas -especialmente las que
regulan el sistema político y el orden público económico- fomentan los
acuerdos y el crecimiento, y de si su eventual aprobación permitiría -o
no- reducir la incertidumbre.
A
nivel de contenidos, la propuesta contribuye a resolver nuestro
problema de gobernabilidad, combatiendo la fragmentación a través de la
incorporación del umbral y del redistritaje. Conserva -y refuerza- la
autonomía del Banco Central y mantiene aspectos que han permitido un uso
responsable de la política fiscal, como la iniciativa exclusiva del
Presidente en materias tributarias, previsionales y en los proyectos que
irrogan gasto fiscal. Además, avanza decididamente en mejorar la calidad de las políticas públicas y en la modernización del Estado.
La incertidumbre,
en tanto, puede ser mitigada si se impone la opción “A favor”. Ello
porque la izquierda ha dicho que insistirá -no sabemos cuándo- en
reemplazar la Constitución y porque la Carta vigente quedó debilitada
tras la reforma que rebajó sus quórums de reforma, y el de las leyes
orgánicas constitucionales.
En suma, aprobar la propuesta del Consejo -que tiene un origen democrático y normas bien orientadas- permitiría acabar finalmente con una de las causas de nuestro estancamiento: la incertidumbre constitucional.