Entidades
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) le han declarado la guerra a los denominados paraísos fiscales,
entendidos como jurisdicciones con baja o nula tributación y un alto
nivel de opacidad respecto a los estándares de intercambio de
información con las autoridades tributarias. Muestra de lo anterior es
el acuerdo global para establecer una tasa mínima de tributación
corporativa, para evitar que las compañías muevan sus recursos hacia
legislaciones laxas en materia impositiva. Así lo revela un informe
elaborado por la ONG pro transparencia tributaria Tax Justice Network,
que calcula las pérdidas en ingresos estatales que provocan los paraísos
fiscales. Acorde al análisis, este año Chile dejaría de recaudar US$
1.738 millones debido al traslado de beneficios hacia otras
jurisdicciones menos exigentes en materia de impuestos, lo que equivale a
un 3,8% de los ingresos impositivos del país y un 0,6% del Producto
Interno Bruto (PIB).
Las
cifras se desglosan en US$ 1.549 millones producto de abusos de las
normas tributarias por parte de las empresas y US$ 189 millones por el
traslado de patrimonio hacia sociedades offshore. Para hacerse una idea,
según Tax Justice Network, esta pérdida es mayor que el 2,8% de
promedio global y del 3,4% para América Latina, equivale a US$ 95 por
habitante en el país, lo que serviría para inmunizar más de cinco veces a
la población actual del país contra el COVID-19. Otra referencia es que
la pérdida de recursos públicos representa un 16,2% del presupuesto
estatal en
el área de salud. Para llegar a este número, el documento analiza
información pública respecto a los ingresos fiscales de cada país,
cruzándolos con el desempeño del comercio internacional desde y hacia la
nación, para determinar la brecha entre la tributación efectiva y la
proyectada tomando como base de que los contribuyentes tributen en el
país donde operan y están domiciliados.
La
ONG recomienda a los gobiernos tres medidas para revertir este
panorama: primero, introducir impuestos a las utilidades en exceso
generadas por las empresas durante la pandemia y que sean producto
de las restricciones a la operación de sus competidores; la creación de
impuestos al patrimonio progresivos y efectivos para los contribuyentes
de más altos ingresos; y dar un vuelco en el diseño de políticas
fiscales a nivel global, pasando desde un enfoque hoy centrado en la
OCDE hacia uno que considere las medidas recomendadas por las Naciones Unidas.
En
tanto en nuestro país, el Servicio de impuestos internos generó la
circular N° 63, de noviembre del presente año, la que redefine el
concepto de residente en el país como sigue: toda persona que permanezca
en Chile, en forma ininterrumpida o no, por un período o períodos que
en total superen los 183 días,
dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. En caso contrario, quien se
ausente del país por al menos 184 días -bajo los mismos parámetros
temporales- perderá su condición de residente en Chile.
La duda es cuanto se demoran los evasores y elusores de impuestos en Chile para encontrar el mecanismo para torcer esta norma.