Estamos a un año de que se cumpla el acuerdo por la paz y una nueva Constitución, firmado en su mayoría por parlamentarios tras el estallido social. Y hoy cumplimos dos semanas del reciente plebiscito y ¿qué nos deja todo esto? Muchísimas lecciones. Del mundo político se debe esperar una profunda reflexión. En lugar de un análisis crítico de su propia labor y el modo en que esta es percibida por la ciudadanía, los parlamentarios parecen querer insistir en la fórmula que ha caracterizado la conducta de buena parte de ellos a partir de los hechos del 18 de octubre de 2019, impulsando, sin importar el rigor técnico ni su inconstitucionalidad, iniciativas aparentemente populares, y al mismo tiempo agudizando la confrontación con el Gobierno. Los congresistas creen que con medidas populares volverán a ganar credibilidad en la ciudadanía, pero muchos de ellos niegan dejar sus cargos e impulsan iniciativas que solo buscan perpetuarlos en el poder. Es difícil, sin embargo, que ese camino contribuya a fortalecer el debilitado vínculo representativo. Muy por el contrario, todos los estudios de opinión muestran que la ciudadanía está demandando una mayor capacidad de acuerdos y que, si bien ciertas medidas pueden efectivamente suscitar una popularidad momentánea, el juicio sobre las instituciones se sustenta en el largo plazo en la capacidad de estas para otorgar soluciones sostenibles a los problemas de las personas. En definitiva, pocas cosas debilitan más a los órganos de la democracia representativa que la percepción de un funcionamiento entrabado por una pugna permanente entre las distintas fuerzas. En Magallanes hemos sido testigos de esto muy directamente. Hay parlamentarios que ya anunciaron que jugarán al enroque y pretenden mantenerse en cargos con los que han lucrado por décadas.