Durante
las últimas semanas se dio a conocer el detalle de las personas que han
recibido pensiones de gracia como consecuencia de supuestas
vulneraciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis
política del 2019. Desde el Ministerio del Interior informaron que
existe un total de 367 beneficiados con pensiones mensuales de por vida
por montos que oscilan entre los $250.000 y $516.000.
Curiosamente,
lo que hizo noticia fue que 40 de estas personas tenían antecedentes
penales y no el cúmulo de anomalías involucradas en la entrega del
beneficio. Veamos.
El
primer problema es de orden conceptual. Desde ya parece extraño que se
otorguen pensiones de gracia a quienes sufrieron lesiones mientras
cometían ilícitos que muchas veces incluían ataques a policías. Esto
resulta curioso precisamente porque en un estado democrático las
policías ejercen el uso legítimo de la fuerza, siendo un resultado
esperable que esa violencia produzca las consecuencias que le son
propias (y no una pensión de gracia). Todo esto lo saben bien los
ciudadanos de países desarrollados, donde atacar a un policía puede
incluso terminar en la muerte del atacante.
Esto
no quiere decir que la policía nunca pueda atentar contra los derechos
humanos con su actuar. Cuando las fuerzas de orden actúan de forma
abusiva y desproporcionada, por ejemplo, al no respetar protocolos
establecidos, efectivamente pueden ponerse al margen de la ley,
vulnerando derechos humanos. Sin embargo, lo normal en un estado de
derecho es que una situación tan grave como la descrita sea determinada
por los tribunales de justicia en un proceso donde se establezca
fehacientemente si el uso de la fuerza fue o no ilegítimo. Nada de esto
ocurrió en el caso de las pensiones de gracia.
Y
esto nos lleva a una segunda anomalía, consistente en que las pensiones
de gracia fueron solicitadas por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) sobre la base principalmente del testimonio de las
supuestas víctimas. A este respecto, no es necesario referirse a la
falta de autonomía política del INDH para darse cuenta de que algo huele
mal en el procedimiento. Es cosa de recordar el caso del octubrista
Rojas Vade, que inventó una grave enfermedad para ganarse un escaño en
la Convención Constitucional, por lo que no es descartable que algún
otro Rojas Vade de este mundo haya apelado a la creatividad criolla para
hacerse de una jugosa pensión de gracia sin que nadie haya acreditado
seriamente sus dichos. El procedimiento utilizado simplemente no permite
hacerlo.
Otro
aspecto cuestionable tiene que ver con la gravedad de las lesiones que
sirven de justificación a las pensiones de gracia. Desde luego una
pensión vitalicia es pensable para las dos personas que perdieron
sufrieron la pérdida total de la visión como consecuencia del actuar
policial o a la treintena de personas que sufrieron un estallido ocular.
Sin embargo, se han entregado pensiones vitalicias a 23 personas que
señalaron haber sufrido lesiones leves. Esto equivale a decir que hay
individuos recibiendo una pensión de por vida por haber sido víctimas
nada más y nada menos que de un empujón por parte de Carabineros.
Por
último, la entrega de la información tampoco ha sido todo lo
transparente que debió ser. El detalle respecto a las pensiones de
gracia no fue publicitado, y los antecedentes fueron conocidos solo
después de que la oposición ingresara un oficio solicitando la
información.
En
definitiva, las pensiones de gracia otorgadas en el contexto social nos
permiten sacar algunas conclusiones. Ya sabemos que, en ciertos
contextos elegidos por el gobierno de turno, existen personas que
habiendo cometido delitos como atacar a la policía podrían obtener
beneficios patrimoniales. Y estas personas no tienen por qué haber
sufrido lesiones graves, por lo que el beneficio es determinado de forma
más o menos antojadiza. Luego, frente a tanta arbitrariedad cabe
preguntarse ¿son algunas de estas pensiones actos reparatorios o más
bien un premio?