Las
pensiones en Chile son bajas y, en muchos casos, miserables. Se trata
de algo que teníamos claro hace muchos años, pero que con las
manifestaciones ocurridas a partir del 18-O quedaron aún más en
evidencia, pues se alzó como una de las principales reivindicaciones,
junto con la salud. A dos años del denominado estallido social la deuda
sigue pendiente y la ciudadanía, con razón, nos sigue interpelando.
Cuando
aún continuaban los estertores del 18-O -en estricto rigor aún siguen-
nos llegó la pandemia del Covid-19 y, en ese momento, todos tuvimos que
encerrarnos para proteger nuestra salud. Fue ahí cuando se hizo aun más
evidente la precariedad en que viven muchas familias chilenas que llegan
a fin de mes gracias a las tarjetas de crédito, entre otros medios,
pero que ante cualquier pequeño imprevisto quedan totalmente expuestas.
Fue
en ese contexto que, debido a la escasas y tardías ayudas del Gobierno,
surgió la idea de hacer un único y excepcional retiro de fondos
previsionales como tabla de salvación para millones de familias que
estaban complicadas y que, incluso, debían recurrir a las ollas comunes
para alimentarse. Desde ese momento hasta hoy ha habido dos retiros más,
casi un ochenta por ciento de la población se encuentra vacunada contra
el Covid y el IFE que entrega el gobierno supone un gasto mensual de
US$3.000 millones, lo mismo que un año de gratuidad universitaria o la
construcción de dos líneas de metro de diez kilómetros cada una.
Es
entendible que las personas quieran usar sus recursos ahora y para lo
que cada uno estime conveniente, porque así es como funcionamos todos.
Por eso, los sistemas de pensiones de todo el mundo operan como un
ahorro obligatorio (cotización obligatoria para ser más exactos),
justamente para resguardar que esos recursos estén disponibles para la
última etapa de nuestras vidas.
La
única forma de no seguir adelante con esta “mala política pública”, es
hacerse cargo de una vez por todas de una reforma de pensiones que
termine con el modelo de las AFP -no con los ahorros de los
trabajadores-, y entregue montos dignos para que las personas vuelvan a
valorar este ahorro para la vejez. Para eso, creo que debiera hacerse un
gran pacto entre todos los sectores.
¿Cuáles
deberían ser los elementos base de un gran acuerdo? Primero aprobar,
sin dilación, el aumento del Pilar Solidario del 60% al 80% para
entregar ahora mejores pensiones a los adultos mayores que han visto
como, gobierno tras gobierno, el sistema político posterga la concreción
de las promesas hechas en campaña. En eso, el emplazamiento es al
Gobierno que, de manera inexplicable, retiró esta semana la urgencia a
la ley corta, y viene y va con la idea de avanzar en el proyecto de una
ley larga de pensiones sin querer ceder en los puntos que permitirían
destrabar la discusión y que la oposición planteó hace meses.
La
única candidatura que ha establecido con claridad una propuesta es mi
candidata, Yasna Provoste, quien recoge elementos que hemos defendido
desde la oposición, como una pensión base garantizada para todas las
personas excepto el 10% de mayores ingresos y que respeta la propiedad
de los fondos de las y los trabajadores. Además, propone una
institucionalidad pública robusta que administra las cuenta de las y los
trabajadores. Asimismo, se aumenta la cotización, donde una parte se va
a un componente de ahorro individual y otro a uno de ahorro colectivo.
En resumen, se termina con las AFP y se generan alternativas que
permiten rentabilizar las cotizaciones, mediante ahorros que aportan
conjuntamente trabajadores y empleadores.
Usemos
estas ideas como base para un gran acuerdo nacional en pensiones que
responda a los anhelos de las personas y que, a la vez, ponga fin a la
mala idea de seguir usando los ahorros para la vejez en temas que deben
ser resueltos mediante políticas públicas universales que recuperen la
visión de una sociedad donde prima el bien común.