Las
pensiones en Chile han sido objeto de un largo análisis, discusión,
debate y revisión, pero rara vez de consenso, de miradas comunes o de
acuerdo. La Comisión Marcel que impulso la última reforma al sistema de
pensiones fue quizás la única instancia nacional que gozó de la
credibilidad y apoyo transversal de las fuerzas políticas y económicas
nacionales, aunque obviamente dentro de los límites que imponía la
política de consensos imperante en la época. Por ello, como todos
sabemos la reforma amplió algunas coberturas (Sistema de Pensiones
Solidarias), pero mantuvo una mirada economicista e impidió derivar a un
sistema de seguridad social. Las pensiones siguieron siendo bajas, las
mujeres siguieron siendo discriminadas y las expectativas futuras fueron
aún peores.
Si
bien el tema de pensiones era una preocupación permanente de la
ciudadanía, no fue priorizado en la agenda política hasta que las
marchas de millones de chilenas y chilenos del movimiento no más AFP y
posteriormente del Estallido Social exigieron pensiones dignas. Desde
ahí, todos están de acuerdo con que hay que mejorar las pensiones a
través de mayor ahorro, pero luego de años aún no hay consenso en si
habrá criterios solidarios, quién administrará los nuevos fondos y si
los privados podrán participar. A lo anterior se suma que, en pandemia y
los retiros de los fondos de pensiones, muchos sectores de izquierda
dieron más argumentos para el individualismo, confundiendo las bases
ideológicas y sociales de la discusión de la reforma. El 67% hoy
defiende que la plata es suya y todo nuevo aporte debe ir a cuentas
individuales, a pesar que el promedio de pensiones autofinanciadas
bordea los 260 mil pesos y que hoy más de 2 millones de compatriotas
requiere Pensión Garantizada Universal (PGU). Es obvio que la solución
debe incluir solidaridad, aunque muchos quieran ocultarlo.
El
proyecto de pensiones del Presidente Boric insiste en la idea de crear
una cotización obligatoria adicional del 6%, que sería destinada por
completo a un nuevo fondo colectivo. En la discusión ha flexibilizado su
posición hacia un seguro social del 4% para subir pensiones actuales y
futuras, y un 2% a capitalización individual, que va a fortalecer el
sistema de pensiones de la capitalización individual. Un sector de la
derecha, RN y Evópoli, se han mostrado abiertos a la posibilidad de un
sistema mixto, con un ente estatal recaudador y participación de
privados; sin embargo, la UDI se ha cerrado a la posibilidad de
desaparición del modelo de AFP, haciendo que la discusión se alargue
eternamente a pesar de la urgencia del tema (y pese al indiscutible
fracaso del modelo administrado por estas mismas AFP’s).
El
caso Convenios con Fundaciones y el posterior robo en dependencia de
Ministerio de Desarrollo Social ha sido aprovechado políticamente por la
UDI para mezclar peras con manzanas, para enredar y condicionar el
diálogo dirigido a alcanzar los consensos necesarios para concretar la
reforma de pensiones. La UDI juega con las necesidades urgentes de la
población para sacar pequeñas y mezquinas ventajas en el actual contexto
político, primero para disfrazar su constante defensa a las AFP, y
segundo para poder reposicionar su discurso frente a un Partido
Republicano que ha venido a desplazarlos política y electoralmente. Su
posición es sólo entendible como un chantaje (eso sin considerar la
falta de fundamentos), por tanto, impresentable e inaceptables dentro de
un accionar democrático, tal como con dureza les manifestó el
Presidente Boric.
El
gobierno ha quitado la urgencia al trámite de la reforma lo cual ha
sido valorado por la mayoría de las fuerzas de oposición, entendiéndose
que ello permitirá más espacio y tiempo para el diálogo y la concreción
de acuerdo, ojalá, los más amplio posible, y así se logre beneficiar a
la brevedad a los miles de chilenos y chilenas que requieren pensiones
más dignas hoy.