Cuando
uno analiza, mediante la observación que hace del entorno que nos
rodea, las necesidades, los avances y nuevos requerimientos que surgen
del crecimiento propio que tienen las ciudades y comunidades, pocas
veces nos cuestionamos, sobre el futuro de estas; es decir, cada vez que
nos enfrentamos a una ruta o camino, un puente, una nueva vía de gas o
alcantarillado, o para ir más allá, las obras de un nuevo aeropuerto, no
pensamos en cuál será su futuro para los próximos 50 o 100 años.
Y
no está mal que así sea. Cada inversión en infraestructura, salud,
conectividad o vivienda, se disfruta y agradece en el contexto de que
llega a responder a un requerimiento determinado y que finalmente será
beneficiosa para un conjunto importante de familias.
Por
supuesto que los costos de inversión son relevantes al momento de
decidir por un proyecto u otro. Lo mismo debe ocurrir con sus
beneficiarios y el tema que aquí propongo; la proyección de vida útil
considerada para cada iniciativa.
Una
emblemática obra de la capital nacional fue proyectada con una vida
útil de 20 años, en otros países se hace a 50 o hasta 75 años.
Es
complejo determinar de manera certera cuál será el futuro de una
construcción de grandes dimensiones, pero lo que sí es posible hacer es,
estimar sus beneficios en el contexto del crecimiento de la población y
claramente sus beneficios.
“Parchar”
un camino, “atarlo con alambre”, o buscar una solución alternativa,
moderna, innovadora que solucione el problema de manera sostenible a
largo plazo, es el objetivo y al mismo tiempo un verdadero dilema cuando
siempre los recursos son escasos y las demandas ilimitadas.
Algo
de esto sucede con los caminos rurales, los centros de salud en
comunidades no tan numerosas, aeródromos y claramente con las viviendas
sociales y sus entornos.
Pensar
un terminal portuario o aéreo a corto plazo, significa la imposibilidad
de proyectar el sector más allá en el tiempo. La mirada a muy corto
plazo, solo para cortar cintas en algunos casos, se transforma en una
limitante para el desarrollo productivo local.
Este
es solo un ejemplo. Lo mismo ocurre con un hospital que se apura en su
construcción y en menos de diez años debe solicitar nuevamente recursos
públicos para su ampliación porque aumentó la demanda sanitaria o
simplemente ya no puede atender al crecimiento de la población en la
zona.
La
participación de las comunidades en las decisiones que involucran
grandes montos de inversión y obviamente, a los intereses de las propias
personas beneficiadas, resulta ser fundamental para asegurar el buen
desarrollo de los proyectos y que finalmente cumpla con los objetivos
planteados.
Avanzar
hacia mecanismos de acción y trabajo cada vez más transparentes y
claros en todos sus procesos, es beneficioso para el propio Estado y su
funcionamiento, además que constituye una muy buena forma de asegurar el
buen uso de los recursos públicos.
La
planificación de las ciudades no solo deber ser participativa, se debe
asumir como una hoja de ruta a mediano y largo plazo, contemplando los
múltiples aspectos que involucran a las sociedades en desarrollo y
progresivo crecimiento.