Los
acontecimientos ocurridos a propósito del crimen de Roberto Verdugo, de
21 años, el fin de semana pasado en Punta Arenas, puso a la ciudad y
Región en el centro de comentarios lamentables y cargados de rabia e
impotencia a todo nivel de la sociedad y comunidad magallánica,
apareciendo ahora, en nuestra región: el “populismo penal” por parte de
algunos ciudadanos y de ex autoridades.
Me
parece grave que tanto los medios de comunicación como algunas
autoridades y ex autoridades se unan para exacerbar las peticiones de
justicia, unidas a un populismo penal que cada cierto tiempo y de manera
lamentable es aprovechado por algunos, con tintes de aprovechamiento
político en la gran mayoría de los casos.
Ocurre
que, la pena de muerte no es posible aplicarla en nuestro país, ni
ahora, ni nunca, puesto que está prohibida su aplicación por tratados
internacionales ratificados por Chile, y que se mantienen vigentes.
Por
supuesto, que condeno y repudio cualquier crimen y delito que se cometa
contra cualquier persona o ciudadano de nuestra Región y País, pero
esbozar siquiera aquella política criminal como la que va a salvar a
Chile de la delincuencia y el crimen, no es el camino para terminar con
los flagelos conocidos ampliamente por la mayoría de los chilenos.
En
muchos casos, los medios escritos regionales, hacen eco de algunos
populistas en publicar y litigar causas por los medios de comunicación,
como las noticias que: “se interpone querella criminal en contra de”, se
está a la espera de la admisibilidad, se demandó a tal o cual persona,
entre otras noticias con muy poco o casi nada seguimiento sobre sus
resultados.
No cabe la menor
duda que el Sistema Judicial Chileno está al final de las encuestas
conjuntamente con el Parlamento, y un largo listado de instituciones con
su aprobación y popularidad por el suelo.
Abogados
y expertos en políticas criminales han sostenido que el aumento de
penas y construcción de delitos no es la solución al termino de “la
delincuencia” menos aquellas frases “se les acabó la fiesta” o vamos a
“cerrar la puerta giratoria”, sabemos que ninguna de esas frases
rimbombantes tuvieron algún grado de efectividad.
Por
último, es importante que los actores del sistema, especialmente los
funcionarios públicos responsables de una u otra forma en la vista del
caso de los imputados por los macabros y horrendos hechos ocurridos,
asuman sus responsabilidades, puesto que, si no se hace, no avanza la
política criminal estatal, y de una vez por todas olvidarnos del
populismo penal.
Hago
presente eso sí, que los imputados si tienen el derecho a un justo
debido y racional proceso, puesto que desde los actos iniciales de la
investigación cuentan con un abogado defensor penal público para que
asuma su defensa, a diferencia de lo que ocurre con las víctimas, las
víctimas no tienen abogados desde los actos iniciales de la
investigación, no obstante las obligaciones de investigar los hechos
constitutivos de delitos que tiene la Fiscalía del Ministerio Público,
Fiscales que no son abogados de las víctimas.