La crisis provocada por el escándalo de las Fundaciones protagonizado por muchos partidarios del Gobierno ha puesto en jaque el mandato del Presidente Gabriel Boric, pero también hace caer fuertemente la credibilidad en los políticos. Los políticos han caído en el descrédito popular, perdiendo el apoyo de la ciudadanía cuando más lo necesitan y ese apoyo sigue siendo indispensable para sobrevivir a los remezones políticos como los que hemos vivido en Chile durante este año que siempre producen fisuras, que al parecer son momentáneas, pero resultan ser de larga duración.
Las eternas promesas de campaña del Mandatario no se podrán cumplir y por eso la gente está molesta, ello provoca una alta desilusión en los electores y así como se están dando las cosas debemos analizar con más cautela y menos caudillismo el bien común de una sociedad que está alerta a los cambios sociales, económicos y políticos que se manifiestan en el mundo, dada la rapidez con que se producen, haciendo cambiar los movimientos conductuales de la humanidad.
En este año y medio de mandato presidencial es difícil hacer política en el buen sentido de la palabra y por esta misma razón es conveniente que aquellos que sientan verdadera vocación de servicio público, debieran estar preparados para estos efectos y en esta forma poder seleccionar a los mejores exponentes en los cargos de confianza que los gobiernos necesitan para ejecutar los planes de desarrollo. Hemos tenido grave ejemplos de que se han caído a pedazos personeros que supuestamente tenían una autoridad ética y moral muy superior que gobernantes de décadas pasadas.
Nuestra propia imagen internacional se ha desprestigiado incorporando a sus huestes partidarias (96 mil funcionarios públicos) a cuánta persona quiera hacerlo, sólo para aumentar el número de su padrón electoral y mostrarlo a sus eventuales socios u oponentes como un escudo de certificado de poder político.
La democracia es perfectible y todo lo que se haga en su beneficio es mirado con simpatía y ello parte tomando conciencia de nuestras debilidades y demostrar voluntad cívica para hacer las rectificaciones a que haya lugar, aun perjudicando los propios intereses de las personas, grupos o conglomerados políticos que participan en los procesos administrativos del país.