Afortunadamente
hemos logrado como sociedad normalizar ciertos comportamientos y dejar
de lado una serie de discriminaciones que sufrían varios sectores de
nuestra sociedad que, hasta unos años atrás, eran mirados como personas
diferentes y tratados en muchas ocasiones con mucha discriminación.
Y
me refiero específicamente a las personas con condición espectro
autista que afortunadamente con el paso de los años, han logrado
insertarse de muy buena manera en nuestra sociedad, de manera inclusiva,
sin mayores discriminaciones quizás asociado a que las nuevas
generaciones han logrado entender que acá estamos hablando de una
condición y no de una enfermedad como se pensaba antiguamente.
Pero como en todas las cosas, siempre falta mucho por hacer.
La
integración debe ser plena y no a medias; y aquellos que aún no logran
entender que alguien con condición espectro autista debe estar con
plenitud de derechos y deberes como cualquier persona en nuestro país y
brindarle todas las garantías que permitan el cumplimiento de estas.
Pese
a lo anterior, lamentablemente nuestro país no cuenta con la
implementación necesaria para efectuar un diagnóstico temprano del
Espectro Autista (EA); tampoco ha adoptado políticas públicas para
contabilizar cuantas personas tienen esta condición, cuáles son sus
necesidades e intereses.
La
única asistencia que existe, que resulta ser absolutamente
insuficiente, son ciertas ayudas técnicas entregadas a un minoritario
grupo de personas a través del Servicio Nacional de la Discapacidad
(SENADIS) a las cuales se debe postular y no son un derecho ni tampoco
se cuenta con prestadores de salud a quienes acudir a fin de costear los
tratamientos necesarios ni las terapias que permitan una óptima calidad
de vida con la Condición Espectro Autista.
Por
lo anterior es que hace algunas semanas, presenté un proyecto de ley
junto a un grupo de parlamentarios de manera transversal el que busca
consagrar una importante cantidad de derechos y principios bajo los
cuales las políticas públicas dirigidas hacia personas autistas deben
inspirarse.
Como
Estado, desconocemos el número cierto de personas con esta condición
porque simplemente no contamos con mecanismo de medición y dentro de
este proyecto que presenté, buscamos que en cada censo se incluya alguna
pregunta orientada a saber más sobre la situación país al respecto.
Hay
que buscar que los sectores públicos como las plazas, parques o
instituciones cuenten con diversas señaléticas que permitan la
orientación y el entendimiento de las personas autistas para que su
integración sea lo más fácil y cercana posible, evitando que ya – desde
un inicio – ellos o sus familias sientan discriminación porque además
sabemos que son personas que se caracterizan por ser visuales y estos
apoyos facilitarían el acceso cognitivo.
Incluimos
normas relativas a la protección de niñas, niños, adolescentes y
adultos que hayan sufrido violencia intrafamiliar porque la comunicación
y lenguaje de menores dentro del Espectro Autista muchas veces no es
fluida que, sumado a las situaciones de violencia, la denuncia de los
hechos se dificulta y con ello se aleja la justicia.
Por
último, también hacemos presente que se establecen normas destinadas a
garantizar el acceso a la salud y terapias a través de los canales
convencionales de previsión: Isapre y Fonasa. Hoy en día el EA no es
tratado ni considerado por estas modalidades de previsión, Ni siquiera
se contempla que estén dentro del Plan GES, lo cual afecta directamente a
los más vulnerables y es necesaria una pesquisa por los profesionales
idóneos.
Lo
que buscamos con este proyecto es justamente complementar y avanzar en
nuestra legislación para lograr satisfacer – ojalá que en gran medida –
las necesidades de las personas en el con espectro autista y condiciones
de neurodesarrollo similares, y siempre de la mano con sus familias.