Tal
como ocurre cada cuatro años, estamos hoy en esa temporada donde se
discute largamente sobre regular la tenencia y porte de armas de fuego
por parte de particulares, y la pertinencia de que los privados puedan
tener acceso a éstas como una herramienta de protección a la propiedad
privada y el derecho a la legítima defensa.
Variadas
han sido las modificaciones a la Ley de Control de Armas a lo largo de
los años, que han permitido mejorar la actual legislación y sancionar el
uso ilícito de armas de fuego y otros elementos que buscan causar daño a
la población y a nuestras policías. Sin embargo, de manera constante
vemos en los meses y semanas previas a las elecciones presidenciales y
parlamentarias, el rebrote de esta discusión, donde hoy tenemos a una
candidata de la centro izquierda el plantear la reinscripción de armas
una vez al año, mientras que el Congreso se analizan propuestas que
buscan la prohibición absoluta para el uso e inscripción de éstas.
Avanzar
en lo que plantea el proyecto que se discute en la Comisión de
Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, es abrirle la puerta de
nuestras casas, negocios y estancias a delincuentes y bandas
organizadas. La discusión no debe ir restringir el uso e inscripción de
armas de fuego, sino en combatir y sacar de circulación el armamento con
el que cuentan los narcotraficantes, esos antisociales que no tienen
duda alguna en utilizarlas para cometer un delito, robarle a un anciano,
amedrentar a una mujer, ya sea para quitarle su celular o algo de
dinero.
La
actual legislación es bastante específica en cuando a quiénes, dónde y
cómo pueden utilizar armas de fuego por parte de los particulares.
¿Cómo lo harían los dueños de pequeños negocios, emprendedores, en el
campo si se vieran amenazados en su integridad física? ¿En proteger su
propiedad?
En
Chile existe el derecho a la legítima defensa y eso bien lo saben
quienes tienen un arma debidamente inscrita en la Dirección General de
Movilización Nacional (DGMN), que deben cumplir una serie de requisitos.
Aquí no se trata como en el lejano oeste en Estados Unidos. La ley es
taxativa en esta materia, por lo que el Estado debe garantizar que esas
armas no lleguen a manos de quienes no corresponde.
Estas
últimas semanas he tenido la fortuna de conversar de manera profunda
este tema con gauchos y estancieros, cuya preocupación es que no les
roben su ganado, su sustento de vida. Personas de mucho esfuerzo para
darle el sustento a sus familias y que deben cuidar terrenos extensos
día y noche, pues desafortunadamente, Carabineros y la PDI no dan abasto
para cuidar sus predios y deben utilizar sus recursos en otras áreas de
protección a la comunidad.
Y
es ahí donde debe darse la discusión, en que el Estado pueda desbaratar
las bandas organizadas de cuatreros, dotar de mayor inteligencia a las
policías para infiltrar estas sociedades ilícitas y garantizar el
derecho de la legítima defensa cuando las circunstancias así lo
ameritan, para proteger la integridad de uno mismo y nuestras familias.