El
Presidente de la República anunció el proyecto de ley del presupuesto
para el año 2022, destacando que, pese a la situación económica general
provocada por la pandemia, los recursos para inversión regional
aumentarán en un 5,3% respecto al presente ejercicio.
Es
necesario precisar que, dicho incremento sólo está referido al programa
de inversiones que manejan los gobiernos regionales, que no es toda la
inversión pública que se ejecuta en las regiones, puesto que los
ministerios y demás servicios públicos, junto a los municipios, también
invierten, pero que, sin embargo, es un gesto que se agradece, sobre
todo considerando el proceso de descentralización que vive nuestro país.
Ahora
bien, para asentar adecuadamente el proceso descentralizador, se
requiere fortalecer a los gobiernos regionales para que puedan asumir
adecuadamente las funciones y atribuciones que las leyes le encomiendan,
que abarcan aspectos tales como el ordenamiento territorial, el fomento
productivo y el desarrollo social y cultural de los habitantes, es
decir, la administración superior de las regiones o, dicho de otra
forma, el progreso de los territorios.
Un
componente relevante a considerar en esta misión es el presupuesto que
se les asigna a los gobiernos regionales para su funcionamiento, sobre
todo cuando se analiza la orgánica que la nueva institucionalidad debe
implementar, a través de las divisiones de fomento e industria,
infraestructura y transporte y desarrollo social y humano, porque sin
los recursos para ejercer las funciones encomendadas, el proceso de
descentralización se verá retrasado o derechamente fracasará en lograr
el objetivo de desarrollo económico y social de las regiones.
La
discusión del proyecto de ley de presupuesto del Sector Público para el
año 2022 recién comienza, donde el Parlamento deberá pronunciarse sobre
la propuesta del Ejecutivo, por lo cual aun queda mucho camino por
recorrer en los siguientes meses, siendo una importante ocasión para que
el naciente cuarto poder (el poder de las regiones a través de las
entidades subnacionales), pueda sensibilizar a diputados y senadores
sobre la necesidad de abordar también el presupuesto de funcionamiento
de los gobiernos regionales, lo que incluye no sólo recursos, sino
también la manera de emplearlos, que estila ser regulado mediante glosas
presupuestarias.
No
obstante, el avance a una auténtica descentralización, pasa también por
definir si recorreremos como Nación el camino hacia la
descentralización fiscal, entendida como la posibilidad de
financiamiento de los gobiernos regionales mediante recursos propios que
no dependan ni se discutan en una ley de presupuesto anual, lo que
algunos han reclamado como la necesidad de dictar una ley de rentas
regionales. Lo curioso es que ya, los gobiernos regionales tienen
definidas sus fuentes de financiamiento mediante diversas normas legales
e incluso constitucionales, que permiten la destinación regional de
tributos o la conformación de fondos para distribuir entre los
territorios, como el Fondo de Apoyo Regional (espejo de las subvenciones
del Transantiago) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y
entonces lo que está faltando es la voluntad política de considerar a
los gobiernos regionales como entidades autónomas, tal como ocurre con
los municipios, cuyos presupuestos no son asignados por el Poder Central
ni discutidos año a año en el Parlamento.