Aunque
este concepto existe hace más de dos décadas en el mundo, dice el dicho
“mas vale tarde que nunca”. Alcanzar la carbono neutralidad hacia el
2050 es uno de los grandes objetivos del país en materia ambiental y uno
de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. En este
contexto, dos iniciativas emergen como marco institucional clave para
los desafíos climáticos que debe asumir el país: la Ley Marco de Cambio
Climático, actualmente en discusión parlamentaria, y el Reglamento que
busca impulsar el primer mercado nacional de carbono, normativa
actualmente en proceso de consulta ciudadana y que comenzaría a operar
el 2023. La propuesta de Reglamento sometida a consulta, considera
-entre otros temas- la redefinición de la Ley 21.210 sobre las fuentes
emisoras sometidas al gravamen del “impuesto verde”, desde aquellas
calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt a
quienes produzcan sobre 25 mil toneladas de CO2 o 100 toneladas de
material particulado. En este contexto, los proyectos a través de los
cuales los agentes contaminantes podrían reducir su carga impositiva
estarían sujetos a medidas adicionales que sean medibles, verificables y
permanentes. Esto involucra tener una línea base realista y trazable
que busca reducir impactos no deseados en el entorno natural y calidad
de vida de las comunidades adyacentes, algo muy relevante para el
proceso de evaluación, verificación y certificación de proyectos de
reducción de emisiones.
Estas
políticas públicas permitirán generar las condiciones para el “mercado
de carbono”, que además abrirá la puerta a inversiones sustentables
dentro del país, las que en la actualidad, están en sus máximos
históricos a nivel global. El año pasado Goldman Sachs anunció
inversiones por US$ 750.000 millones para financiar y asesorar empresas
que buscan prácticas sostenibles, mientras que un reciente informe de
Morningstar -una de las principales empresas de servicios financieros en
el mundo- determinó que los fondos sostenibles llegaron a un récord de
US$ 1,7 trillones en 2020. El mercado de carbono tendrá la misma
configuración que el mercado de la bolsa de valores. Existen varios
tipos de “acciones” que se transan y lo importante es elegir aquellos
que estén ligados a la industria verde, que van desde algunos
relacionados a la descarbonización a otros vinculados directamente con
el cambio climático. Existen inversiones más específicas que apunta
directamente a la energía solar, o en la industria del agua. Otra
alternativa, para aquellos que ya tienen experiencia en el mundo de las
inversiones, son los bonos verdes. Son un tipo de deuda emitida por
instituciones públicas o privadas para financiar proyectos sustentables
en áreas como las energías renovables, la eficiencia energética o el
transporte limpio.
Respecto
de este último tipo de inversiones, es de toda lógica que sea el
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena el que pueda ser
pionero en el desarrollo de esta industria, aprovechando las
incalculables “reservas” de viento, mareas, biomasa, radiación y
diferencias de temperatura. El mecanismo?… consolidar una Estrategia
de Desarrollo Regional 2020-2030 que defina clara y rotundamente esta
industria como uno de los ejes de desarrollo económico y social para la
región.