Avanzar
en protección y bienestar para las familias es un desafío complejo de
concretar para todo país, más aún si esto debe hacerse en conjunto con
los retos laborales y económicos de cada hogar. En adición, a esto se le
suma un asunto invisibilizado y poco valorado: Las labores de cuidado.
Es justamente ante estas diversas problemáticas que como Gobierno hemos
impulsado una serie de medidas que pretenden apoyar a la ciudadanía y
solventar las dificultades de los hogares. En específico, el sistema
nacional de cuidados, las 40 horas, la ley Sanna, la ley TEA, o el alza
histórica del sueldo mínimo son ejemplos bastante claros de que como
Gobierno hay una convicción. Sin embargo, antes del inicio de este año
aún existía un tema pendiente: La conciliación familiar, personal y
laboral de forma clara y normada.
Es
en consideración de lo anterior que desde enero de este año el Gobierno
logró poner en vigencia una ley que fomenta y establece el trabajo
decente como una política pública. En concreto, la ley fija el derecho
al trabajo a distancia o tele-trabajo, de modo que las o los
trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal
en esas modalidades en la medida que la naturaleza de sus funciones lo
permita.
Para
lograr lo anterior se incorporaron tres principios: Uno, ligado a la
parentalidad positiva, la cual tiene el objetivo de desarrollar
capacidades prácticas propias de las y los adultos responsables para
cuidar, educar y asegurar el sano desarrollo de sus hijas/os. Dos,
protección a la maternidad y paternidad, que tiene como fin promover la
igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres,
buscando preservar la salud y bienestar de los niñas/os y de sus
progenitoras/es. Y, tres, corresponsabilidad social, la cual comprende
la promoción en la sociedad de la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, especialmente de las personas trabajadoras que
ejercen labores de cuidado no remunerado.
Durante
esta semana como Gobierno contamos con la visita de la Jefa de la
unidad de Transversalización de la Subsecretaría del Trabajo, Isidora
Íñigo, quien vino a difundir a la región esta importante ley. Lo
anterior a través de reuniones con el sector público y privado y visitas
a medios de comunicación.
Además
de lo anterior, esta es una política que genera condiciones favorables
para la igualdad de género. Esto se debe a que va en sintonía con una
Política Nacional de Cuidados, reconoce y entiende las labores de
cuidado no solo como un trabajo (valorizando así este asunto) sino que
también como una materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y
reconoce la heterogeneidad de las demandas de cuidados ya que incorpora
a personas que requieren cuidados en niños, niñas y adolescentes hasta
14 años y de personas en situación de discapacidad y dependencia
moderada o severa.
Como
Gobierno buscamos encontrar el equilibrio entre el trabajo y la
familia, para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores del
país, construyendo así un entorno sano y de bienestar. En tal sentido,
facilitarle la vida a las madres, padres y cuidadores es una iniciativa
central y que responde a necesidades de nuestra comunidad, con esta ley
avanzamos en ello y consolidamos un piso mínimo de corresponsabilidad.
Como Gobierno ese es nuestro norte.