El
desinterés por las zonas aisladas deriva de su menor peso electoral
(Magallanes representa menos del 1% del total de la votación a nivel
país), resultante de la baja población y de la emigración de su capital
humano a las grandes ciudades. Y esto no es un lamento que se venga
dando desde hace un par de décadas, es una constante que se repite en el
tiempo y que siempre hay compromisos que se adquieren para revertir
esta realidad. Así se explican las limitadas franquicias e incentivos
contenidos en las legislaciones especiales para las inversiones privadas
no sólo en nuestra zona, sino también en Aysén, Palena, Arica y
Parinacota. Esta falencia se intenta suplir a veces con gasto público
episódico y subsidios encubiertos, decididos muchas veces
centralizadamente y que no sirven para atraer inversiones de
particulares y para el desarrollo autónomo y sustentable de esas
regiones y equilibrado del país. Los últimos mandatos han acogido las
justificadas presiones regionales, manifestando una mayor conciencia y
señalando públicamente la postergación de las zonas extremas. Esto ha
derivado en mayores programas de inversión pública, el fortalecimiento
del Plan Frontera Norte, un nuevo impulso a la Carretera Longitudinal
Austral y a otras obras del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) para
establecer conexión en Tierra del Fuego. Los frutos de estas iniciativas
comienzan a percibirse, pero subsisten los incordios de la falta de
incentivos, de infraestructura, la burocracia y los centralismos, que
dificultan la llegada de inversión privada significativa y un ejercicio
efectivo de la soberanía en las zonas extremas. A los privados no se les
compensa ni motiva para aumentar la inversión en la zona y deberemos
cobrar las palabras comprometidas. Quien sea quien gobierno nuestro país
a partir del 11 de marzo de 2022 deberá preocuparse mucho más de las
zonas extremas y que no quede en un discurso propagandístico propio de
una campaña presidencial.