El proyecto de ley
presentado por el Gobierno ha sido ampliamente discutido y cuestionado,
especialmente por asociaciones del área sanitaria como el Colegio médico y de
Químicos farmacéuticos de Chile.
Dentro de las
acusaciones que se han utilizado son los eventuales daños a la salud de las
personas que accedan ilimitadamente a ellos; policonsumo, suicidio, mal uso de
los medicamentos, entre otros.
Sin embargo, son
estas personas las que no consideran que la competencia es beneficiosa para la
reducción de los precios, ya que esta medida permitiría entrar al reducido
mercado farmacéutico de nuestro país.
Además, se evitaría
la compra en lugares menos seguros, donde no se garantiza el almacenamientos
bajo las normas sanitarias; como es el
caso de los almacenes de barrio o ferias libres. Junto con lo anterior, no
olvidar la colusión de las grandes cadenas farmacéuticas para acordar precio de
medicamentos, afectando directamente al bolsillo de las personas. Esto pondría
un alto en estas prácticas corruptas contra un libre mercado.
Por otro lado, en
la Región Metropolitana y centro del país el acceso a ellos es sumamente fácil,
a nivel nacional cada 100 mil habitantes existen 16,8 establecimientos (por
debajo de la recomendación de la OCDE). Pero ¿qué pasa en el resto de las
regiones? La distribución es desigual; 59 comunas en las zonas extremas no
poseen ningún tipo de farmacia y 89 solo cuentan con las de carácter público
(que probablemente cuente sólo con los productos más básicos). Es para estas
personas quienes recibirán un mayor beneficio al adquirirlos de forma legal y
segura.
Algunos de los
contraargumentos se basan en políticas que se han realizado en el extranjero
como Estados Unidos donde ha aumentado la tasa de intoxicaciones. Sin embargo,
actualmente al comprar medicamentos sin receta en las farmacias ¿ud ha sido
advertido de los riesgos de su consumo por el vendedor? Si su respuesta es no,
qué diferenciaría con la venta en supermercados. En EE.UU. Solo los
supermercados que dentro de ellos poseen farmacias cuentan con químicos
farmacéuticos para resolver dudas, el resto de los comercios es en góndolas o
abiertos sin profesional sanitario.
Monopolizar la
entrega de medicamentos desde entidades públicas; Centros de Salud Familiar y
Farmacias Populares parece ser una solución limitada, especialmente si
consideramos las pérdidas económicas para los municipios; 73 de las 89 entes
municipales con farmacias de estas características quedaron en deuda con
Cenabast por 737 millones de pesos. Por lo que abrirse al mercado generaría
oportunidades de acceso en forma sostenible.
¿Qué pasará con las
pequeñas farmacias de barrio? ellas también entran en la competencia y en
algunos casos sus productos son más baratos que las grandes cadenas, lo que
muestra que son capaces de competir y ofrecer buenos servicios. Además, ellas
continuarán entregando medicamentos que requieren de receta médica. Para
beneficiarlas, también deberían tener la posibilidad de comprar medicamentos a
mejor precio a nivel internacional, esto disminuiría los gastos relacionados
con su abastecimiento. Medidas como la mencionada se ha considerado este año
con nuevos convenios con India y países de mayor producción. Sin embargo, esto
es solo para el sector público, y se podrían ampliar las mismas condiciones
para el sector privado. Además permitir una negociación entre ambos sectores y
flexibilizar regulaciones de este carácter, por ejemplo licitaciones.
Finalmente, no
olvidar que todo medicamento posee riesgos, algunos mayores que otros. Y por lo
mismo el profesional sanitario no debe restringir la educación en los sitios
donde se realiza la venta, sino más bien apuntar a políticas para la
automedicación informada y educar a la ciudadanía de aquellos riesgos que se
vean expuestos a causa de su consumo.