Cabe
preguntarse por qué hay tantos chilenos aún que según las encuestas
están por aprobar el proyecto de Constitución. Ronda el 30% de personas
que les parece que dicho texto transformará a Chile en un país con más
igualdad, con más protección social, con mejor calidad de vida. A tales
personas les parece que lo vivido por el país en los últimos treinta o
cuarenta años está de lleno de injusticias, de desigualdades, de pobreza
y que estas circunstancias serían fruto del modelo económico chileno
que privilegia la libertad de emprendimiento por sobre el rol del Estado
en la economía. En intervenciones anteriores he señalado que la
izquierda que está hoy en el gobierno electoralmente nunca ha
sobrepasado el 30% en las elecciones desde el retorno a la democracia y
esta cifra coincide actualmente con el voto duro en favor del Apruebo a
las que me refería al inicio. De manera análoga el voto de Rechazo ronda
el 45% de las preferencias que coincide con la votación obtenida por
José Antonio Kast en la última elección presidencial. Entre estas dos
cifras existen ciudadanos que pareciera permanecen en la indecisión
respecto del voto para el 4 de septiembre próximo, que estarían a la
espera de tener más información respecto del contenido del proyecto
constitucional. La complejidad de las normas contenidas en la propuesta;
el uso excesivo y cansador de adjetivos; el gran número de artículos e
incisos del proyecto; la redacción muchas veces enrevesada y poco clara
de muchas de sus normas conspiran para un buen entendimiento del texto
propuesto, todo lo cual podría explicar en parte el alto porcentaje de
indecisos.
Sin
perjuicio de lo anterior, en la medida que las gentes van conociendo el
contenido y el alcance de muchas de sus normas “el sabor de boca” que
deja al leerlas es más bien desagradable. No hacen sentido una gran
cantidad de disposiciones porque no son parte de la cultura del
habitante promedio del país. La tan conocida e inexplicable
plurinacionalidad; la desigualdad en el acceso a la justicia que
dependerá de la raza a la que se pertenezca; la posibilidad que personas
condenadas por delitos incluso deleznables puedan ser candidatos a
cargos de elección popular y aun ser electos cumpliendo una condena
efectiva; la poca claridad respecto de la protección de la propiedad
privada respecto de expropiaciones; el que los sindicatos puedan
intervenir en el manejo de las empresas empleadoras y tantas otras
normas contraintuitivas debieran decantar por no aprobar o rechazar la
propuesta que la extravagante Convención Constitucional nos hace.
No
obstante lo anterior, existen partidos y políticos que sabiendo la
multiplicidad de más problemas que sobrevendrán al país si se aprueba el
texto de la Convención, están por aprobar el proyecto. Esgrimirán los
derechos sociales como la gran novedad de la oferta para esconder la
gravedad del contenido global del proyecto. Es una oferta tramposa que
si el Sernac tuviera que intervenir, la Convención Constitucional sería
acusada de publicidad engañosa y sabemos el cuidado que debemos tener al
momento de aceptar una oferta así.