Sin
duda que el Estado chileno está en deuda con los niños, niñas y
adolescentes. Y es una de nuestras deudas más urgentes. Hace muy poco
una Jueza de Familia interpuso una demanda ante el sistema
interamericano de Derechos Humanos por el incumplimiento de los Tratados
Internacionales. Probablemente nuestro país será condenado.
Parte
de esa deuda es legislativa. Los últimos años se ha avanzado en la
implementación de la Defensoría de la Niñez y recientemente se aprobó la
nueva institucionalidad en materia de infancia, cuya instalación sigue
en proceso. Faltaba eso sí una parte importante: una Ley de Garantía de
Derechos de la Niñez. El debate en el Congreso no fue fácil y solo en
junio recién pasado terminó su tramitación. La ley tiene como objetivo
generar un sistema que garantice y proteja de manera integral y
efectiva, el ejercicio de los derechos de los niños y niñas.
Para
ello, la ley se funda en diversos principios internacionales ya
contemplados en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, de la que somos parte hace más de 30 años. Entre esos principios
se encuentra la autonomía progresiva, que habilita a los niños, niñas y
adolescentes, a medida que van creciendo, a adoptar más decisiones y así
reconocer su mayor capacidad de autodeterminación, siempre respetando
el derecho de los padres y madres a educar.
Sin
duda que la implementación de dicho principio es compleja, y cada país
debe generar la institucionalidad adecuada para hacerlo realidad. Es por
ello que es el Congreso el mejor lugar para
diseñar esa institucionalidad. Por eso es una muy buena noticia que la
nueva ley haya visto la luz. Sin embargo, el principio de autonomía
progresiva ha sido objeto de dos cuestionamientos. Por una parte el
Tribunal Constitucional acogió dos requerimientos que interpuso Chile
Vamos para eliminar una serie de incisos que consagraban su autonomía
progresiva y la obligación del Estado de garantizar educación laica y no
sexista. Por otra, el Presidente de la República decidió vetar parte de
la ley basado en los mismos argumentos.
El
fallo del Tribunal Constitucional, que como es usual fue bastante
dividido, no puede ser revisado. Sin embargo, en el caso del veto del
Presidente de la República la Cámara de Diputados insistió con voto
mayoritario y la ley continuará su curso. Se sigue retrasando la
implementación de este marco de mínimas garantías, utilizando para ello
una institucionalidad altamente criticada y que hoy está bajo revisión
por el proceso constituyente.