El Presidente Ricardo
Lagos acuño la frase “dejen que las instituciones funcionen”. Y esa
debería ser la postura correcta en un Chile democrático. Sin embargo, la
ciudadanía ha visto como hechos groseros de falta a la probidad quedan
sin castigo, sin multa y sin responsables, lo que es asimilado como una
forma de encubrimiento y de evasión de acuerdo al poder que ostentes. A
raíz de ello, se ha generalizado la falta de confianza en las
Instituciones del Estado, la justicia, los mandatarios y la elite
empresarial chilena. Y estamos en plena crisis de credibilidad.
Estos
días, desde distintas visiones e intereses hemos visto la presión y
cuestionamiento sobre poderes del Estado que tienen atribuciones para
evaluar y juzgar las acciones del presidente Piñera en el caso Dominga.
La Justicia deberá determinar si existen delitos de cohecho y soborno y
el Parlamento si hay méritos suficientes para una acusación
constitucional. Pero frente a algo que parece sencillo para el común de
los ciudadanos se ha puesto un manto de dudas y especulaciones por parte
de una u otra posición que afectan la credibilidad del funcionamiento y los intereses de nuestras instituciones democráticas.
En
la Cámara de Diputados el día de hoy se deberá presentar la acusación
constitucional en contra del presidente Piñera, que busca su destitución
por los hechos relacionados con Dominga. Algunos hablan de
aprovechamiento electoral, otros de que no era el mejor momento y
mecanismo (inclinándose por la comisión investigadora), otros sacan
cálculos políticos dependiendo de las consecuencias de uno u otro
resultado. Lo cierto es que es deber de la Cámara de Diputados
esclarecer las responsabilidades políticas del Presidente por alguna
infracción a la carta magna y para ello sólo la gravedad de los hechos
actuales llevaría, por el bien de la Nación, a aclarar con prontitud los
cuestionamientos. El resto sólo es pirotecnia para proteger sus propios
intereses.
La
justicia por su parte debe con urgencia dilucidar los méritos del caso y
obrar con transparencia, celeridad y minuciosidad. Piñera se ha
defendido en torno a que los hechos ya fueron investigados y resueltos
en tribunales; sin embargo, la Fiscalía ha señalado que la investigación
anterior no cubrió esta arista, ya que se focalizó en los delitos de
negociación incompatible y tráfico de influencias (como si fuera poco)
en relación a Exalmar y no se investigó al presidente por el delito de
Cohecho en el caso Dominga. La investigación no puede ser a medias, ni
poco rigurosa y por sobre todo debe ocupar todas las herramientas
necesarias (¡la última vez las pruebas fueron voluntarias!). Con todas
las dudas frente al Fiscal Guerra la justicia con urgencia debe dar
prueba de blancura.
Pensar
que dejar que las instituciones funcionen sólo es posible cuando los
intereses de todos logran exponerse con transparencia ante la opinión
pública. Que distinto sería todo si el
presidente hubiese aclarado si pagó o no pagó impuesto en la
transacción, que el SII ya se hubiese pronunciado, que la justicia
hubiese hecho la pega correctamente el 2017, que los parlamentarios
analicen el mérito y no sus intereses.