Del
día uno, la voluntad del Gobierno del presidente Boric ha sido
enfrentar los conflictos y problemas de larga data a través del diálogo y
el entendimiento. Raro con estos tiempos convulsionados, donde la ley
del más fuerte siempre intenta imponerse y pisotear.
Ejemplos
tenemos varios, pero al hablar del problema de los inmigrantes, siempre
es necesario recordar que estamos hablando de personas, de humanos de
carne y hueso que sufren y sienten; y que una zanja más o militares
menos no va a terminar con la llegada ilegal de extranjeros, que por
supuesto están disponibles a dejar la vida si fuese necesario para
lograr su objetivo. Prueba de ellos son los cubanos intentando llegar a
Miami, africanos a Europa y un largo etcétera que la historia del mundo
reconoce.
Al
cambiar el histórico conflicto en la Macrozona Sur, me parece sensato y
necesario armar un plan integral desde el Estado, haciendo que los
ministros de las carteras pertinentes lleguen al territorio a conversar,
escuchar y, por sobre todo, buscar soluciones de un lugar que se
encuentra empobrecido y abandonado.
Pues
bien, en ese tránsito, pese a todas las dificultades, no se puede
claudicar. A la violencia de las balas y amenazas está la obligación de
buscar algo distinto a lo que se ha venido haciendo en los últimos 100
años, menos que pensar en seguir con la militarización o los “comando
jungla”.
La
oposición pregona que “otra cosa es con guitarra”, yo prefiero quedarme
con el “nadie dijo que sería fácil”. Hay riesgos que se deben correr si
de verdad queremos mover el cerco. La dignidad y la justicia hay que
hacerlas carne en todos los territorios, sobre todo en los más
desplazados de parte del Estado.
Para
abordar lo que está ocurriendo al sur del Biobío, también se deben
dejar los tabúes, reconocer el negocio inmenso que han realizado las
empresas forestales como Arauco o Mininco en las manos de insignes
apellidos de Angelini, Matte, entre otros.
Solo
para contextualizar este oscuro negocio que se realiza en predios que
son reclamados por los herederos mapuches, ocurre en 1974, cuando el por
ese entonces dictador Augusto Pinochet, mediante Decreto Ley 701
(teniendo a Ponce Lerou a la cabeza de Conaf) el Estado de Chile
subsidió el negocio forestal, a lo que se sumó, en 1979, el Decreto Ley
2.568, que lleva a cabo la repartición entre no indígenas de tierras que
formaban parte de la propiedad común de las comunidades mapuches.
Misterioso.
Dos grupos económicos fueron los más favorecidos con ambas medidas:
CMPC y Arauco, de las familias antes mencionadas. Subsidios que son
financiados por todos los chilenos, mientras que los habitantes del
Wallmapu apenas sobreviven.
Bingo
al cartón completo del porqué no debemos seguir haciendo lo mismo. Para
terminar con la violencia se necesita justicia y diálogo, mucho
diálogo.