En sus aspectos esenciales, la
iniciativa otorga al Presidente de la República la facultad para dar al titular
de Interior el rango de jefe político del gabinete, con atribuciones para
coordinar al resto de los secretarios de Estado y convocar al Consejo de
Ministros. Asimismo, permite a los parlamentarios asumir cargos ministeriales,
siendo reemplazados por un suplente nombrado por los respectivos partidos y con
la posibilidad de regresar al Congreso al terminar esta función, si es que aún
no ha concluido su período.
Más allá de la transversalidad
ideológica del proyecto, quisiera destacar la relevancia que la implementación
y profundización de los mecanismos descritos tendría. El escenario político
actual se caracteriza, por una parte, por un presidencialismo que se ha ido
fortaleciendo hasta llegar a un hiperpresidencialismo, con un Congreso cuya
capacidad de decisión se ve limitada por un Poder Ejecutivo muy fuerte y sin
contrapeso. Por otro lado, tenemos un mapa político altamente fragmentado, con
una treintena de partidos, dispersión que hace difícil alcanzar las mayorías necesarias
para el éxito de los proyectos de ley.
En suma, estos elementos
dificultan el adecuado ejercicio de la democracia y nos ponen ante la necesidad
de buscar fórmulas que flexibilicen el sistema que hoy tenemos, favorezcan los
equilibrios y den así una mejor gobernanza al país. En esa dirección, lo que
junto a los senadores Andrés Allamand, Hernán Larraín, Felipe Harboe y Carlos
Montes perseguimos es que Chile se acerque a modelos como los de Alemania,
Francia y otros países donde los miembros del Congreso pueden aunar sus
esfuerzos con el Gobierno en la conducción de los asuntos políticos. En tanto,
los gobiernos, al carecer de la mayoría necesaria para sacar adelante sus
programas, convocan a parlamentarios de otros partidos a formar parte del Ejecutivo
y así lograr los consensos requeridos.
Es importante aclarar que no se
trata de eliminar el sistema presidencial, sino de dotarlo de herramientas que
faciliten la convivencia, resolviendo eventuales tensiones entre el Ejecutivo y
el Legislativo y dando una más amplia participación a las distintas expresiones
políticas. Tampoco estamos hablando de una especie de “gatopardismo” o cambios
cosméticos para que todo siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora.
Si bien este proyecto no pretende
generar una transformación radical ni convertirse en la panacea contra los
defectos de nuestro esquema político, sí representa un avance hacia un trabajo
más alineado, con roles claros, instituciones empoderadas y una mayor
coordinación entre los distintos actores. No está en la visión de favorecer a
un sector o a otro, sino que le da al país una visión de largo plazo,
cualquiera sea el gobierno en ejercicio.
Otros pasos se darán en la medida
en que prospere la reforma a la Constitución, tarea que estará en manos del Congreso
que será elegido en noviembre próximo. Lo que ahora debe producirse es un
debate republicano, con la mayor altura de miras y que considere las
particularidades de la cultura, tradición jurídica e historia constitucional de
nuestro país. La opinión de ex Presidentes, ex ministros del Interior, abogados
constitucionalistas y otros expertos será relevante para construir una figura
jurídica que, junto con los efectos mencionados, contribuirá a generar mayor
confianza ciudadana en la política.