Ha
sido una tormenta. Y es que, a despecho de la declaración de apoyo del
Consejo Académico de la Universidad de Magallanes, la carta del rector
Juan Oyarzo Pérez a Gabriel Boric, en su calidad de rector de la UMAG,
despertó un vendaval de críticas desde todos los sectores políticos de
la región.
De
hecho, ha sido tal la repercusión que dos requerimientos han sido
enviados a la Contraloría General de la República, para determinar si el
actuar del académico, se ajustó o no a derecho.
En
su defensa, el rector Oyarzo declaró que se había limitado a felicitar a
un coterráneo que aspira a la presidencia y le pidió ayuda, en caso de
lograrlo, “para la difícil tarea que es hacer ciencia en Magallanes”, lo
que para el académico, puede ser mucho mejor comprendido por un
magallánico. “Le pedí ayuda como lo he hecho con autoridades de todas
las tendencias políticas”, se defendió, luego de pedir disculpas al el
ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Estas
explicaciones no bastaron a todos. Tres organizaciones de funcionarios
de la Universidad de Magallanes expresaron su repudio y en los días
siguientes, se conoció los testimonios de diversos exdocentes que
acusaban que el plantel se había convertido en un nicho de poder
político para un sector.
Suplemento Análisis de Pingüino Multimedia dialogó con el diputado de Renovación
Nacional, Diego Schalper, quien presentó esta semana, un requerimiento
ante la Contraloría General de la República para determinar si el actuar
del académico magallánico era ilegal o no.
– ¿Qué opina de este episodio?
“Me
parece confuso. Creo que él en su fuero interno, por cierto que puede
tener una opción política. Pero emplear un documento institucional para
expresar su adhesión política, desde su cargo de rector, me parece –al
menos– improcedente”.
– ¿Qué sintió cuando leyó el contenido de la carta, en especial, la frase donde el rector Juan Oyarzo cataloga a la economía neoliberal como algo que atenta contra la esencia humana?
“Preocupación. Más allá de las opiniones que uno tenga, las universidades son espacios de debate, de pensamiento
crítico, y no de propaganda ideológica. Yo me pregunto: ¿qué
tranquilidad tiene alguien que piensa distinto a eso, de decir su
opinión en la universidad? Además, esta es una universidad pública, que
recibe fondos de todos los chilenos”.
– ¿Qué le pareció las explicaciones del rector Oyarzo,
cuando dice que lo único que hizo fue plantearle a un coterráneo su
alegría por dar un paso como postular a la presidencia y, además,
plantearle la necesidad de ayuda para la difícil tarea de hacer academia
en una zona extrema como Magallanes, algo que ha solicitado a
parlamentarios de todas las tendencias?
“Totalmente
improcedente. El rector de una universidad habla por sus académicos,
por sus estudiantes, por sus administrativos. Y yo imagino que en ese
establecimiento hay diversidad de posturas políticas. Las universidades
no son sucursales de partidos ni comandos presidenciales”.
– ¿Había conocido hechos similares a éste, donde un rector actúa de esta forma con firma y logo institucionales y, de ser así, qué resultado tuvieron?
“No
tengo recuerdo de algo de este tipo. Uno sabe que en el mundo
estudiantil hay una hegemonía de posiciones muy minoritarias en el país,
pero de mucha proliferación en las federaciones. Ahí nuestro sector ha
sido incapaz de plantear una alternativa. Pero a nivel de docentes y
rectores, no tengo recuerdo de algo así”.
– ¿Qué espera de la intervención de la Contraloría, la Superintendencia de Educación y el Consejo de Rectores?
“Que fijen posición. Yo no creo que sea bueno que los rectores usen sus espacios institucionales para favorecer candidaturas. Ellos tienen que ser interlocutores válidos para personas de distintos pensamientos”.
–
¿Ha tenido alguna respuesta del Consejo de Rectores, organismo que
reúne a las universidades estatales, entre otras, a propósito de este
tema? Y si no es así, ¿qué opinión le merece aquello?
“Hasta
acá ninguno. Yo tengo mucho respeto por la actividad universitaria.
Ella solo es posible si tiene independencia del poder establecido, para
poder cuestionarlo y criticarlo. ¿Que autonomía tiene una universidad,
si su rector, mediante una carta con el logo institucional se expresa apoyando una candidatura partidista?
–Tras
conocerse el contenido de la misiva han surgido muchas voces en
Magallanes que aseguran que la UMAG y otras universidades se han
convertido en nichos de poder del Frente Amplio.
¿Cree que las universidades estatales chilenas se han convertido realmente en esto, nichos de poder de un sector político?
“Yo
creo que debemos ocuparnos de que las universidades sean espacios de
diversidad de ideas, de tolerancia cero a la violencia, de pensamiento
crítico y de búsqueda del conocimiento de manera independiente. Y eso
hoy, lamentablemente no es así. Las universidades, para ser
universidades, no pueden tener adjetivos partidistas.
–
Se ha sostenido también que esta carta al hacerse pública, permitió
develar involuntariamente una operación política de largo alcance para
apoyar institucionalmente desde las aulas universitarias estatales del
país, al menos en Magallanes, la candidatura presidencial de Gabriel
Boric. ¿Cree que lo que se ha conocido hasta ahora permite determinar
algo así?
“Bueno,
eso es precisamente lo que espero que la Superintendencia y la
Contraloría investigue. Me parecería escandaloso que una Universidad que
recibe recursos de todos los chilenos, destine algún peso a bombear al
precandidato Boric”.
– ¿Qué opina de la responsabilidad de Gabriel Boric en este episodio?
“No
sé si uno tiene alguna responsabilidad cuando recibe una carta. Quizás
valdría la pena que él fije posición. No creo que sea bueno para él, si
fuera efectivo que se usan recursos públicos de una universidad para
favorecerlo. Él debiese ser el principal entusiasmado con que eso se
despeje a la brevedad”.
LA MISIVA
Pero ¿qué decía la misiva que causó tanto revuelo?
Quizá
lo más relevante fueran los párrafos iniciales, del texto: “Estimado
Gabriel, recibe un afectuoso saludo de quienes integramos la comunidad
de la Universidad de Magallanes”.
Luego
el texto se extiende en deseos de éxito hacia la candidatura y
propuestas de transformación social, en diversos ámbitos, incluida, la
esperanza restar “los efectos de una globalización y de un modelo
neoliberal que ha modificado nuestra esencia humana”
Pero
son las palabras iniciales que engloban a toda la comunidad
universitaria, acompañadas del logo y la firma al final de Juan Oyarzo,
en su calidad de rector de la Universidad de Magallanes, las que
desataron la ira de la opinión pública.
AMAR
Días después, la diputada
independiente Sandra Amar, junto a los diputados UDI Sergio Bobadilla,
Juan Fuenzalida y Gustavo Sanhueza, presentaron un requerimiento ante la
Contraloría General de la República sobre la materia. El documento
pidió al órgano contralor que determine si el proceder del académico
constituye o no una eventual conducta antijurídica y la transgresión de
principios básicos de administración pública.
Según
el texto, “en las condiciones en que se emitió la misiva se atentó
contra la prescindencia que por ley deben mantener y resguardar las
instituciones del Estado… ¿Todos los funcionarios de la UMAG felicitan al candidato Gabriel Boric?”, se preguntan los firmantes.
A
su juicio, “se desprende del actuar del rector una conducta contraria a
derecho, instrumentalizando y politizando una institución educativa de
forma tendenciosa hacia un pensamiento determinado”.
Agregan
que no es la primera vez que la política interfiere en el actuar del
rector de la UMAG, “lo que se traduce en la vulneración del principio de
legalidad y juridicidad”, sostienen.
En la presentación, los parlamentarios hicieron presentes los artículos 6° y 7° de la Constitución
y los artículos 2°, 3°, 5° y 7° de la Ley 18.575 de Administración del
Estado, que exigen a los servidores públicos el fiel cumplimiento de sus
tareas dentro del ámbito de sus funciones. “Se desprende entonces que,
como rector, su tarea es velar por el desarrollo de la casa de estudios,
mas no instrumentalizarla y politizarla, lo que claramente excede sus
funciones”.
También
hicieron presente la eventual vulneración de los principios de probidad
administrativa (artículo 8° de la Constitución), apoliticidad
(artículos 19° y 62° de la Ley 18.575, artículo 84° de la Ley 18.834
sobre Estatuto Administrativo y artículo 82° de la Ley 18.883).
Recordaron,
además, que la Contraloría ha dictaminado que “el artículo 27° de la
Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral,
indica que “los funcionarios públicos no podrán realizar actividad
política dentro del horario dedicado
a la administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de
la institución para fines ajenos a sus funciones”.
El
escrito sostiene que “la instrumentalización de las casas de estudios
se ha convertido en una práctica habitual, siendo este un ejemplo del
caso. Lo cierto es que la politización en materias universitarias
contribuye al desarrollo estudiantil, mientras se mantenga abordando
materias de esa competencia. El problema se suscita cuando la política
partidista invade espacios no correspondidos, más aun cuando son
invadidos de forma involuntaria como sucede con el actuar del rector.
Esta conducta arrastra a una generalidad de los estudiantes y
funcionarios de la casa de estudios a una idea politizada, partidista y
de autoría propia y personalísima del rector”.
Por ello, el documento pide llevar a cabo la investigación de estos hechos y “de determinarse en derecho necesario, aplicar las máximas sanciones que vuestra
Contraloría estime pertinente, sentando un precedente y terminando así
con el proselitismo político financiado con dineros fiscales,
restablecer el imperio del derecho y, sobre todo, velar por la
legalidad, probidad y apoliticidad de los actos del Estado”.
CAMBIOS
Si
de cambios se trata, cada vez son más los actores regionales que piden
cambios profundos al interior de la Universidad de Magallanes, para
evitar que se convierta en un nicho de poder político o, como sostienen
muchos, deje finalmente de serlo.