Uno
de los principios fundamentales que sustentan el sistema democrático es
la libertad de expresión, resguardada en la actual Constitución, pero
respecto de la cual, pese a su relevancia, no siempre se declara
explícitamente su importancia y necesidad de protección. Cualquier Carta
Magna debe garantizarla,
porque sin la libertad de expresión no es posible preservar otras
libertades esenciales del ser humano. Este derecho fundamental permite
un diálogo social sin censura, donde es posible expresar la diversidad
de visiones, argumentaciones y opiniones, a la vez que procurar el libre
acceso a la información, mediante procesos transparentes que permitan
el debate público y la fiscalización de la autoridad. Hoy hay países que
no garantizan la libertad de expresión y muchos periodistas son
acallados. Muchas acciones gubernamentales han ido coartando el acceso a
la información y el derecho a la expresión e información de la
ciudadanía en distintas naciones. Censuras, persecuciones y abuso. En la
última década hemos sido testigos a la distancia de que regímenes que,
pese a declararse democráticos, conculcan libertades como una manera de
perpetuarse en el poder imponiendo un discurso oficial. Por eso es
fundamental una aclaratoria al respecto en una nueva Constitución,
porque hemos visto a países vecinos como se multiplican los intentos por
implementar restricciones que coartan el debate público, impidiendo una
eficaz fiscalización del poder político y, a la vez, contraviniendo los
principios fundantes del ordenamiento interamericano,
al cual los países del continente declaran adherir, como el respeto de
los derechos humanos y, entre ellos, la libertad de expresión como
principio básico del sistema democrático.