A
casi dos semanas del plebiscito del 4 de septiembre próximo es
necesario detenerse en algunas razones que se esgrimen para Aprobar la
propuesta constitucional. Ellas entregan luces sobre las motivaciones,
temores, esperanzas, ilusiones de quienes piensan o sienten que el
proyecto es positivo para el país. Podemos visualizar un sector del país
que frisa el 30% que por razones estrictamente ideológicas aprueban.
Estas personas han estado históricamente cercanas a la izquierda más o
menos dura y radicalizada y le han dado el voto a Enríquez-Ominami, a
Beatriz Sánchez y a otros de similares características. Son aquellos que
como el Presidente Boric antes de comenzar a redactarse el texto,
expresaron que la aprobarían cualquiera fuera la propuesta. Frente a un
voto altamente ideologizado no valen argumentos racionales y basados en
la evidencia empírica, porque nada les convencerá de lo contrario.
Hay
quienes piensan aprobar porque estiman valioso el reconocimiento a los
pueblos indígenas y entonces les parece natural organizar a Chile como
un estado plurinacional. Junto con ello les parece apropiado que a los
pueblos y naciones indígenas se les dé autonomía en los territorios que
ocupan o que pudieron pertenecerles, además de reconocerles una justicia
distinta a la de los “chilenos”. Hoy sabemos el inminente riesgo que
corre el país al dar ese nivel de autonomía porque además de fragmentar
el país en al menos doce territorios, nos acerca peligrosamente a
conflictos políticos y a eventuales problemas bélicos con los vecinos.
Una derivada de la plurinacionalidad es el necesario consentimiento
indígena para reformar los derechos que la Constitución les reconoce, lo
que pone un nuevo cerrojo a cualquier reforma futura.
Otros
aprueban por lo que llaman derechos sociales contenidos en el proyecto,
señalando que actualmente no existen ellos en la Constitución vigente.
Pero existen al menos dos grandes y graves problemas al respecto: el
primero dice relación con que el texto y los convencionales no se hacen
cargo de cómo el país podría financiar en la realidad tales derechos por
los altísimos costos que genera implementarlos. Y lo segundo es que en
la propuesta se elimina la acción o recurso de protección, de manera que
se estima con razón que frente a algún incumplimiento del Estado de
alguno de esos derechos la efectividad para su cumplimiento será
ilusoria.
Otras
personas dicen que aprueban para terminar con la “Constitución de la
dictadura”, que por lo mismo sería ilegítima para ellos. Claramente este
argumento no pude sostenerse razonablemente, pues de ser ilegítima la
actual Carta Fundamental entonces el actual Gobierno será
insalvablemente ilegítimo por haber sido electo bajo un marco normativo
ilegítimo. Además cualquiera que lea con objetividad el texto original
de la actual constitución y las normas actuales deberá llegar a la
conclusión que la esencia de la primera fue borrada y como dijo el
Presidente Lagos el año 2005 al promulgar el texto vigente “por fin
tenemos una Constitución democrática”.
Algunas
de las legítimas aprensiones que el proyecto genera en los temas
indicados y en tantos otros, como asegurar sólo la mera tenencia de las
viviendas sociales y no su dominio, fueron validadas como dudas
razonables cuando un grupo de partidos políticos de gobierno acordaron
modificar el proyecto si se aprobara. El aprobar para reformar es el
acto final de reconocimiento que algo está muy mal en el proyecto
constitucional.