Mucho se ha hablado durante el debate constitucional respecto a que la opción del rechazo sería el método más rápido para cambiar las cosas y que hay determinadas materias que podrían legislarse de manera inmediata. Eso ha sido reiterado en la franja del rechazo donde se ironiza con esta situación, pero los hechos y la historia nos dan cuenta de otra realidad. En esta columna trataré de ilustrarlo brevemente.
En primer lugar, cabe recordar lo difícil que ha sido avanzar en determinados cambios a la constitución de 1980. Las reformas promulgadas por el ex Presidente Ricardo Lagos fueron sólo aquellas que la derecha aceptó hacer en ese momento; de hecho permaneció el sistema binominal que sabemos significó por años una suerte de empate que hacía virtualmente imposible romper el status quo.
En segundo lugar, tenemos un sinnúmero de proyectos que, tras ser aprobados, han sido declarados inconstitucionales. Basta recordar cuando legislamos sobre la necesidad de que el trabajador y el empleador tuvieran condiciones más igualitarias al momento de negociar y aprobamos la titularidad sindical ¿Resultado? Inconstitucional. Cuando legislamos sobre la prohibición del lucro en la educación, porque sabíamos que existían empresas que buscaban los vacíos de la ley, también logramos aprobar las modificaciones en el Parlamento ¿Y el Resultado? ¡Inconstitucional!
Como la memoria a veces es frágil quizás algunos olvidaron que cuando quisimos crear un SERNAC fuerte, que no sólo sea buzón de reclamos de los consumidores, sino que efectivamente pueda perseguir y querellarse contra quienes cometen abusos, también lo aprobamos en el Parlamento ¿Resultado? Inconstitucional, y por eso hoy tenemos un Sernac sin las atribuciones necesarias, es decir, “un león sin dientes”.
Otro ejemplo más reciente y que devela que “rechazar para reformar” es falso, es la votación que hicimos a inicios de este año en el Senado para que el agua sea considerada un bien nacional de uso público, la que ganamos 24 votos a 12 pero que, sin embargo, no se aprobó pues el quórum requerido era de 26 votos. Entonces es razonable preguntar a los partidarios del rechazo ¿Qué es lo que quieren reformar? Si en algo tan sensible como el agua, donde más de medio millón de chilenas y chilenos no tienen acceso a ella, ya tuvieron la oportunidad y se negaron a hacerlo.
No es cierto que con esta constitución es “llegar y reformar”. Tal como he ilustrado, en innumerables oportunidades las mayorías sociales y políticas se han expresado democráticamente, pero los cambios propuestos han chocado con el freno de los cerrojos de esta constitución. El proceso constituyente es una oportunidad histórica para reemplazar una camisa de fuerza por un sueño común de país, construido entre todos y todas en un espacio de diálogo y encuentro. Se trata de reemplazar el temor y la imposición por la participación más amplia posible para sentar las bases compartidas del Chile de los próximos cincuenta años.