Desde
fines de 2019 hemos experimentado como país una crisis social,
sanitaria y económica. El sector de la construcción ha sido fuertemente
impactado, lo que ha provocado alzas de costos de construcción, quiebras
de empresas, pérdidas de empleo, etc. En los últimos meses, este
escenario ha tendido a mejorar, gracias a una serie de medidas
estatales, como los reajustes a contratos de vivienda e infraestructura
en ejecución.
Sin
embargo, aún quedan fuera de esos reajustes obras menores y el panorama
para este año se muestra bastante negativo, con una caída de la
inversión y bajo crecimiento. Es en este contexto en el que se presenta
el proyecto de ley que introduce importantes reformas al sistema
tributario.
En
su esencia, la reforma busca recaudar más ingresos, a través del
aumento de carga tributaria a los dueños de empresas. Por lo tanto, la
reforma tributaria impactará transversalmente a la industria de la
construcción, tanto a grandes como pequeñas y medianas empresas.
Una
de las medidas más importantes de la reforma es la desintegración
tributaria, que en palabras simples se podría describir como la doble
tributación, es decir, pagar impuestos como empresa y como persona
natural. La creación del Impuesto a las Rentas del Capital supone que la
totalidad de las ganancias que genera una empresa termina siendo renta
para sus dueños (socios y/o accionistas), situación que en la práctica
no ocurre así, dado que socios y/o accionistas no reciben el 100% de las
ganancias porque destinan un porcentaje al ahorro o reinversión en la
empresa para que aumente su producción y/o aborde nuevos proyectos,
creando así más empleo y dinamizando la economía.
Así,
la desintegración tributaria afectaría a las grandes empresas, que en
el sector de la construcción son sólo el 2%, las responsables del 53%
del empleo sectorial. En momentos de crisis económica, los recursos
propios de las empresas son fundamentales para la continuidad
operacional y para crear nuevos proyectos para generar empleo. Este
nuevo régimen tributario afectará gravemente a la inversión y por ende
la economía del país.
Para
las pymes, se propone el régimen tributario especial vigente, pero
existen múltiples empresas pequeñas del sector de la construcción que no
podrán acogerse a dicho régimen, dado que facturan más de 75.000 UF al
año, a pesar de los altos costos y bajos márgenes que obtienen.
El
proyecto de Reforma Tributaria también plantea que cada año las
empresas ya no podrían usar hasta el 100% de las pérdidas tributarias
que hayan registrado en ejercicios anteriores para rebajar su renta
líquida imponible (RLI) de ese año, tal como se puede hacer en la
actualidad, sino que solo podrían usar hasta un máximo del 50% de dichas
pérdidas.
Esta
medida también repercute especialmente al sector de la construcción,
dado que las empresas del rubro incurren en pérdidas al iniciar
proyectos para luego recuperarse al término de la faena. La limitación
de uso de perdidas traerá importantes consecuencias: una caída de la
rentabilidad de los proyectos y una severa disminución de la competencia
en el sector, lo que desincentiva fuertemente la inversión y el
desarrollo de proyectos de mediano plazo.
Como
Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas siempre nos enfocamos en
impulsar el bienestar de nuestros trabajadores y aportar al desarrollo
de la región. Por ello, advertimos que esta reforma tributaria propuesta
significa un golpe fuerte al futuro del emprendimiento en nuestra
región, ya que podría dificultar la continuación de empresas de la zona y
la creación de otras nuevas.
Como
gremio de la construcción proponemos un cambio de enfoque de la
política pública, priorizando medidas que impulsen principalmente la
inversión privada, dado su potencial para generar actividad, crear
empleo, aumentar los ingresos fiscales y asegurar un desarrollo
inclusivo y sostenible.