Al
escribir la presente columna este jueves, el Servicio Electoral no ha
publicado el padrón definitivo auditado y corregido de los electores
para abril, tampoco las listas definitivas de candidatos que disputarán
las diversas elecciones venideras, a saber Concejales, Alcaldes,
Gobernadores Regionales y de nuestros y nuestras futuras constituyentes.
Esperamos que al vencer el plazo a la hora cero del viernes 22, estén
ambas relaciones disponibles.
Siguiendo
con la temática abordada en las columnas semanales, en que he ido
opinando respecto de las atribuciones que a mi juicio, constituyen un
punto de partida mínimo para lograr la efectividad del Gobierno
Regional, así se debe señalar que será necesario que el Gobierno
Regional, pueda acumular sus recursos presupuestados, pasando desde un
año presupuestario a otro sus saldos finales de caja, con el acuerdo y
para los fines que su Consejo Regional determine. Aunque no sean de
proyectos de arrastre y sin tener que devolverlos al presupuesto
nacional hasta por 3 años, por ejemplo,
y por un monto máximo a determinar. Por supuesto tampoco se trata de
“premiar” a quién guarda debajo de la cama los talentos.
Pr
otra parte se debe mencionar algo que en la actual legislación NO
ocurre, y que por el contrario en los últimos años, hemos visto
reforzado un criterio de desconfianza de las capacidades de las
regiones, exacerbando un centralismo fracasado e incapaz de responder
con eficiencia y pertinencia a los temas regionales y locales, es
realmente urgente que se aborde la necesidad imperiosa de que El
Gobierno Regional, ya sea por medio del Gobernador Regional, o por quien
lo represente, o por la persona que determine el Consejo Regional,
deberá ser parte y dirigir cualquier órgano actual o futuro que
administre una porción del Territorio, por ejemplo nuestros Parques
Nacionales, terrestres o marítimos, las áreas silvestres protegidas, el
Territorio Nacional Antártico, etc.
Por
cierto su participación no podrá ser entendida como una simple
invitación de terceros a participar, sino que como la obligación, que
esperamos sea Constitucional, de administrar el territorio regional,
con criterios de equidad, de uso y conservación sostenible y
sustentable.
Parece
inconcebible que en el año 2021 Corporaciones Privadas, Institutos o
Ministerios administren partes tan significativas de la Región.
En
una región en que la mayor parte del territorio está, afortunadamente,
constituido por parques, reservas y áreas silvestres protegidas, estás
deben pasar al dominio regional, para su conservación, protección y el
uso y goce, preservando su estado, pero permitiendo un uso sustentable y
sostenible, de todas las actividades con la clara excepción de las
extractivas, de pastoreo y de cultivo agrícola o acuícola intensivo. Lo
mismo ocurre con el Territorio Antártico Nacional, donde es la
Cancillería quien lo administra y no la Región, es indispensable que la
Cancillería continúe con su rol respecto al Tratado Antártico
Internacional, pero con la misma meridiana claridad se debe declarar que
es la región a través de sus autoridades futuras, democráticamente
elegidas, la responsable de su administración territorial, eso sería
una clara muestra de reforzamiento de la soberanía nacional en ese
territorio el darle a una de sus regiones esa potestad.
Esta
columna la escribimos desde un apartada porción de nuestro territorio
regional, casi sin conexión a internet, que esperamos que de una vez por
toda el uso intensivo de la fibra óptica austral remedie esta situación
para todo el territorio regional, incluyendo el acceso gratuito para
los sectores más vulnerables, donde la región con su nuevo Gobierno
podría ser pionera al incorporar al subsidio de los servicios básicos,
el subsidio a la conectividad para las familias vulnerables,
especialmente a las que tiene en su seno alumnos de cualquier nivel o
deben hacer teletrabajo en la actual pandemia. Les deseo a todos y todas
que tengan una última semana de enero, más tranquila y con mejores
indicadores de la pandemia. Saludos