La
tremenda desigualdad en la distribución del ingreso, del poder y las
oportunidades produce contrastes socioeconómicos profundos en nuestro
país. Esto provoca que haya muchísima disparidad en el acceso a bienes
básicos como salud, educación, seguridad social, viviendas, etc. A pesar
de los matices que puedan tener los actores que han participado de las
políticas públicas en los últimos años, esto se debe a que la actual
constitución privilegia las soluciones de mercado y limita el rol del
Estado a corregir ciertas desigualdades, a través de lo que se entiende
por Estado Subsidiario. Cuando se estimó que este modelo neoliberal era
el adecuadamente correcto, sus redactores no tomaron en consideración
numerosos factores que, en la práctica, afectaron la convivencia y
provocaron la inmensa desigualdad de lo que estamos hablando. De esa
manera, cuando alguien tiene acceso ilimitado a información privilegiada
se produce la concentración del mercado en unos pocos. Estos actúan a
sabiendas de las potencialidades y expectativas y en torno a la
especulación pueden producir mayores bienes para sí, generando
inevitablemente concentraciones en los distintos mercados, llevando a
crear holdings, monopolios, cautividad de los consumidores,
agenciamientos, subcontrataciones que desmerecen o perjudican el
desarrollo de los usuarios, dejando a la comunidad en general sometidos a
un empobrecimiento abismante. No es quitarles dinero para satisfacer
sus necesidades, sino algo peor: es ponerles un techo a su desarrollo
económico por la captura que esto significa. Esta vorágine de progreso
individual que vemos en unos cuantos grupos económicos que, concentran
todas las ramas de la economía (minería, agricultura, retails, bancos y
medios de comunicación), ha sido como un despeñadero que ha impedido
adoptar políticas públicas económicas basadas en principios de
solidaridad, que garanticen derechos sociales o que puedan corregir la
desigualdad estructural antes señalada. Desde su implementación ha sido
tal el daño orgánico provocado que los desafíos que se tendrán que
abordar para remediarlos deberán ser aplicados moderada y
paulatinamente. Son tantos los años de la destrucción o corrosión de la
institucionalidad nacional que deshacerlo será un largo proceso también.
La participación del Estado como actor relevante deberá serlo conforme a
las implementaciones que se establezcan en las numerosas leyes que
deberán dictarse y donde el Estado tendrá un rol fundamental y garante
de aspectos tan relevantes como el medio ambiente, cuya protección debe
ser el marco básico para impedir que en nombre del dios mercado se pueda
depredar, mal utilizar y desertificar nuestro territorio. Ejemplo de
ello es el actual problema hídrico, y la cadena de enriquecimiento y
pobreza que su uso y abuso está provocando y que concentra el poder en
los mismos grupos de poder económicos ya señalados gracias a lobbies o
leyes elaboradas por los mismos empresarios para sus propios y
exclusivos intereses y que ha corrompido nuestro sistema y que debemos
erradicar. La nueva constitución y sus participantes, especialmente los
que sean electos y que representen la continuidad de la Constitución del
80, deben entender la profundidad del daño producido y esperemos que
oigan lo que la gente les pide y no lo que sus mercaderes les han
mandatado defender. No hay que confundir el querer servir a Magallanes
con usar un cupo para estructuralmente impedir avances que es lo mismo
que burlar la voluntad popular.