Las autoridades políticas no responden ni se comportan conforme al estándar que se exige a los demás ciudadanos, los ejemplos son muchos.
En lo que dice relación con la reforma educacional, ¿ Quién tendrá la responsabilidad política por los resultados de ésta, por el mayor gasto, por los magros resultados, la caída persistente de la matricula, el desmantelamiento del Instituto Nacional, el próximo ajuste de trabajadores docentes y de asistentes de la educación, la escasa transparencia con que se tramitan los proyectos de ley que inciden de forma relevante en la calidad de vida de miles de personas?, para muestra un botón, más de veinte mil trabajadores en Chile, se quedarán a futuro sin el derecho a la negociación colectiva, en este Gobierno, ello no es responsabilidad del poder patronal, sino del Gobierno, en tanto existe una disposición expresa en la Constitución Política de la República, (art.65 Nº 5) que señala que es iniciativa privativa del Presidente de la República, el presentar proyectos de ley que establezcan las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar.
Luego, nada tiene que ver en esto, la posición de la derecha, la candidatura presidencial o la voluntad presunta del candidato Sebastián Piñera, es ahora que se está modificando el régimen jurídico de más de veinte mil asistentes de la educación en Chile, bajo este Gobierno, que asumió el compromiso de fortalecer sindicatos y la sindicalización.
Igualmente, es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, crear nuevos servicios públicos, sean centralizados o autónomos, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. ¿Cómo se explica a la comunidad y quién asume la responsabilidad política?, por la indicación de última hora (17 de julio de 2017), presentada por el Ministerio de Educación, que propone facultar al propio Ministerio, para que por Decreto Supremo, se pueda ampliar la competencia territorial de los denominados “Servicios Locales de Educación”, posibilitando mediante un proyecto complementario la destinación de asistentes de la educación al interior de dichos territorios. O sea, para estos proyectos, si se les relaciona, desde nuestra realidad regional, da lo mismo residir en Punta Arenas, Puerto Natales o Puerto Williams.
En igual forma, en esta última indicación se fomenta la irresponsabilidad en las administraciones locales, al proponer al parlamento una norma especial que permite a los municipios acumular deudas para que después del traspaso sean pagadas directamente por el Mineduc, pero imputándose el mayor gasto a futuros ingresos del Fondo Común Municipal. Por cierto, existe responsabilidad política de las autoridades que a sabiendas han mantenido oculta dicha información a los trabajadores de la educación y promueven dichas acciones en vacaciones de invierno.