Mientras
la atención mediática reciente ha estado centrada en los actos y
declaraciones asociados a los 50 años del Golpe de Estado, el Consejo
Constitucional sigue avanzando en sus esfuerzos para lograr consensos en
torno al texto que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre.
Durante
las últimas dos semanas, las cuatro comisiones del órgano han estado
votando múltiples enmiendas, que incluyen, entre otras cosas, las
siguientes:
a.
En la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de
Estado (que integra Jessica Bengoa), se aprobaron enmiendas para (i)
subir de 35 a 40 años la edad mínima para ser electo Presidente de la
República; (ii) aumentar el quórum para presentar una acusación
constitucional contra el Presidente de la República (con lo cual,
seguramente, se habrían evitado las acusaciones constitucionales que se
presentaron en contra del Presidente Piñera en la parte final de su
segunda administración); y (iii) crear un “Consejo de Evaluación de
Leyes y Políticas Públicas” (que pareciera ser una excelente iniciativa,
siempre y cuando se trate de un órgano técnico y profesional que ayude a
mejorar la calidad del debate en Chile).
b.
En la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, se
aprobaron enmiendas para (i) crear un capítulo nuevo, relativo a
Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas; (ii) crear un
Consejo Asesor a la Contraloría General de la República; y (iii)
establecer la facultad de la Corte Constitucional para hacer un control
preventivo sustantivo de constitucionalidad.
c.
En la Comisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, se
aprobaron enmiendas para (i) establecer una objeción de conciencia
institucional; (ii) combatir la migración irregular; y (iii) dar derecho
a que las víctimas de delitos calificados como terroristas sean
indemnizadas por el Estado.
d.
En la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (que integra Claudia MacLean), se aprobaron enmiendas para
(i) declarar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones; y (ii)
permitir concesiones de bienes nacionales de uso público, según lo
determine la ley.
Frente a estas y otras enmiendas que se han votado en las últimas semanas y que han sido criticadas por los consejeros
partidarios del Gobierno (como aquellas relativas al rodeo como deporte
nacional y el no pago de contribuciones de bienes raíces por la primera
vivienda), la bancada oficialista, como una especie de condición para
alcanzar consensos, propuso que todas las bancadas retiren sus
enmiendas. Con esto, en la práctica, la discusión del texto
constitucional volvería al borrador que preparó la Comisión Experta.
Independientemente
de que uno pueda o no compartir las enmiendas que se han ido
presentando al anteproyecto de nueva constitución, la posición del
oficialismo en este punto es tan radical como la que tuvieron, siendo
mayoría, en el proceso constitucional anterior. Cuesta creer que, de las
más de mil enmiendas presentadas, no exista un número importante que
permitan construir acuerdos y así mejorar el anteproyecto preparado por
la Comisión Experta. Toda obra humana es mejorable y, para eso,
precisamente, fue que el día 7 de mayo se eligieron los integrantes del
Consejo Constitucional.