Durante las últimas semanas, Jessica Bengoa, Consejera Constitucional por la Región de Magallanes y columnista de este medio, ha utilizado sus columnas como plataforma para criticar a quienes piensan distinto a ella. De hecho, en su columna de ayer (titulada “Una constitución que avance”), sostiene que la nueva constitución no debe ser “una plataforma para retroceder en derechos fundamentales, como lamentablemente busca la derecha y, específicamente, el Partido Republicano”.
Tras reconocer que los Republicanos han demostrado tener apertura al diálogo -elemento básico de la discusión democrática, pero que el sector que Jessica representa no tuvo durante el proceso constitucional anterior- les reprocha que hay “áreas de la discusión constitucional donde intentan desandar décadas de acuerdos valiosos que como sociedad hemos alcanzado”.
Para fundamentar sus aseveraciones, pone como ejemplo la regulación del derecho a la vida, advirtiendo que “no debemos permitirnos regresar a la norma constitucional forjada en la época de la dictadura”, de acuerdo con la cual “la ley protege la vida del que está por nacer”, defendiendo la legislación que permite el aborto en tres causales.
Lo primero en que quisiera corregir a nuestra representante es que dicha disposición, al ser parte de la constitución actualmente vigente, por definición no puede ser contraria a la normativa que establece la interrupción del embarazo en tres causales. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que se pronuncia al respecto.
Su error principal, sin embargo, consiste en atribuir el origen de la norma a la época de la dictadura, pues el texto presente en nuestra constitución es una transcripción literal de la primera oración del artículo 75 de nuestro Código Civil, aprobado en el año 1855. Es posible que Jessica desconozca el origen de la norma, en cuyo caso, el problema es de ignorancia legislativa. Si bien esto es algo que me inquieta respecto de alguien que debe trabajar en una nueva constitución para Chile, me parece una explicación preferible a la otra opción: que, conociendo el origen de la norma, haya optado por engañar a sus lectores.
Además de develar este error, quisiera hacer una crítica a quienes consideran que las políticas públicas se dan en un plano unidireccional (que haría posible hablar de “retrocesos” y “avances”). En una democracia, es muy sano que exista debate, y, por lo tanto, no debiésemos cerrarnos a revisar decisiones del pasado, particularmente si tienen malos resultados. Por ejemplo, valdría la pena analizar, en forma crítica, si la reforma educacional que se hizo hace casi una década, que prohibió la selección en establecimientos educacionales que reciben fondos públicos, es una política que le ha hecho bien a la educación del país. Si miramos la debacle que ha sufrido el Instituto Nacional (que es el lugar de donde han salido más presidentes de Chile y que implicaba un muy riguroso proceso de selección, pero que actualmente no es capaz de llenar todas sus vacantes), es perfectamente posible sostener que dicha política significó un retroceso en algo tan importante como la educación pública de nuestro país.