Es
alarmante darse cuenta de que nuestros camioneros, sí aquellos que
deben recorrer los trayectos más largos del país, tengan temor de
transitar por las rutas de La Araucanía. Lo señalaron públicamente en la
edición de ayer de Diario El Pingüino. En los últimos días ha habido
destrozos a inmobiliario público y quema de camiones. La principal
crítica apunta a que el rol del Estado ha sido nulo, básico y escaso de
determinaciones que logren apaciguar el tema. Por eso quizás, el recién
nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez, ha definido como una
prioridad de su gestión la necesidad de reforzar las acciones
encaminadas al fortalecimiento del Estado de Derecho en toda la zona del
llamado conflicto mapuche. El derribo de una antena de telefonía y el
ataque a un radar aeronáutico, así como los disparos hacia un
helicóptero en vuelo, las denuncias de explosiones en la zona del
viaducto del Malleco y el provocado descarrilamiento ferroviario,
evidencian la expansión y la agresividad de las acciones, pese a las
medidas de control desplegadas por la pandemia y la vigencia del toque
de queda nocturno. Si bien el conflicto en La Araucanía se arrastra por
décadas, la búsqueda de instancias de acuerdos se dificulta por el
cambio de prioridades y de énfasis en la estrategia de la autoridad.
Tampoco contribuyen al fortalecimiento del marco institucional los
mensajes contradictorios que, muchas veces, entregan líderes políticos,
como los parlamentarios que visitaron a quien fuera condenado por delito
de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay.
Esto, mientras se acumulan otros antecedentes preocupantes, como las
amenazas de una respuesta “militar” a las acciones del Estado por
restablecer el orden público y las sospechas sobre un eventual vínculo
del narcotráfico con el violentismo. A nosotros, en Magallanes, el tema
obviamente que nos rebota, y las soluciones deben ser de verdad, ya que
nos puede perjudicar la conectividad de nuestra austral zona con el
resto del país.