Desde
antes ya sabíamos que para quienes conforman el Gobierno las cifras no
eran lo suyo, por eso es que cuando indican una cifra determinada, la
verdad es que no la encuentro confiable para nada, menos cuando se trata
de temas que no conocen a cabalidad; o que de manera majadera tratan de
imponer aun cuando las cifras a nivel mundial demuestran el error en
que incurre el Gobierno, lo peor es que les da lo mismo e insisten
incluso invocando las mismas cifras erradas o derechamente mentirosas,
tal es el caso en materia de armas; han afirmado hasta el cansancio que
una menor cantidad de armas lleva a sociedades más pacíficas, ESO ES
FALSO. Han afirmado igualmente que con menos armas de fuego hay menos
homicidios, ESO TAMBIÉN ES FALSO. Llama la atención que de manera
majadera el Gobierno insista en afirmaciones como esas, en
circunstancias que las cifras reales lo que demuestran es que las cosas
son todo lo contrario, ya que los países que de verdad han tenido éxito
en bajar la tasa de crímenes violentos y particularmente en bajar la
tasa de homicidios, son aquellos en que la población civil está
fuertemente armada, son aquellos en que la población civil tiene mayores
facilidades para la adquisición y uso de armas de fuego, tal es el caso
de países como Suiza, Finlandia, Noruega o Islandia, este último es
estadísticamente el país más pacífico del mundo, sin embargo su
población civil está fuertemente armada. Por otro lado, basta ver países
que tienen prohibidas las armas de fuego para la población civil, o en
los que su uso o tenencia está extremadamente restringido, como son
Venezuela, Honduras o México, en los cuales definitivamente la violencia
se enseñorea, en los cuales existen tasas muy altas de crímenes
violentos y particularmente de homicidios, lo que demuestra que las
afirmaciones vertidas por el Gobierno y por todos aquellos que pretenden
desarmar a la población civil son afirmaciones falsas, al igual que lo
son las cifras que esgrimen en favor de sus errados argumentos. Otro
buen ejemplo de los errados argumentos del Gobierno lo constituyen
Inglaterra y Gales, países en los que se prohibieron para los civiles
las armas de fuego en el año 1996; sin embargo se incrementó desde ese
entonces su tasa de homicidios, al igual que la tasa de otros crímenes
violentos, lo que demuestra el definitivo fracaso de las políticas
antiarmas, políticas que en definitiva a los únicos que fortalecen es a
la delincuencia, a quienes no obedecen la ley, que al ver a la población
civil desarmada la atacan sin contrapeso alguno, con mayor violencia y
aumentando también la frecuencia de la perpetración de delitos; es
decir, aumentan el número y la violencia de los delitos, por lo que esas
políticas en lo que terminan es en un grave perjuicio a la población
civil, en definitiva son políticas a favor de la delincuencia, ya que
los únicos beneficiados por ellas son los delincuentes, los que no
obedecen la ley, por lo que siendo la seguridad una de las grandes
preocupaciones actuales por parte de la sociedad chilena, es del todo
inexplicable que se insista de un modo majadero en intentar desarmar a
las personas respetuosas de la ley, a las personas que tienen sus armas
debidamente inscritas ya sea para defensa, deporte, caza o colección,
las que están perfectamente individualizadas, de modo que con la actual
Ley de Control de Armas es fácil la fiscalización, porque ella permite
saber quiénes son las personas que tienen sus armas inscritas, dónde las
tienen y cuál ha sido la finalidad de su adquisición, de modo que
resulta inexplicable que se pretenda desarmar a la población civil
respetuosa de la ley. Resulta claro, de acuerdo con las estadísticas y
cifras reales y comprobables, que las mayores tasas en la propiedad de
armas de fuego inscritas no aumentan las tasas de criminalidad y con
ello no aumentan las tasas de homicidios, lo que es de toda lógica,
porque los propietarios inscritos de armas de fuego las usan para la
finalidad de su adquisición, esto es, defensa, caza, deporte o
colección, no para cometer delitos, como sí lo hacen quienes las
adquieren de manera ilegal, que no provienen de la sustracción de armas
legales, sino que de armamento ingresado ilegalmente al país, como
también está demostrado por las cifras reales y comprobables.
Consecuencialmente resulta del todo injustificado pretender el desarme
de las personas respetuosas de la ley.