Durante
los últimos siete días se registró un total de 10.933 detenidos por
delitos contra la salud pública. De esta cifra, 5.958 personas fueron
detenidas fuera del horario del toque de queda, 4.728 en horario de
toque de queda y 247 por otros delitos contra la salud pública. No
obstante, la cifra en Magallanes es muy baja y no se explica la escasa
investigación y sanción que hay al respecto en nuestra región. De los
casi 100 mil aprehendidos, 50.305 tienen entre 18 y 30 años de edad,
seguido por el grupo de entre 31 y 45 años, con 36.059 detenidos. El
84,2% (83.852) son hombres, mientras que el 15,8% son mujeres (15.763).
En Magallanes hay muchos que son cómplices, porque muchas veces saben
quienes están infringiendo y no los denuncian. Necesitamos normas más
duras y mucho más rigurosas para sancionar a aquellas personas que
insisten en incumplir las normas sanitarias. Hace pocos días se aprobó
en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que aumenta las penas
muy fuertemente para quienes incumplan las normas sanitarias, y en
particular, para quienes las incumplen en forma expresa o dolosa,
sabiendo que pueden poner en riesgo la salud de la población, pero ello
se debe llevar a la práctica. Hay que sancionar, hay que castigar,
porque no podemos seguir soportando a los miles de irresponsables. Y con
respecto a los sumarios sanitarios, se debe intensificar la
fiscalización, porque no es posible que esas plantas pesqueras hayan
estado trabajando de esa forma en Punta Arenas. Hay una gran parte de la
población que no cumple las medidas. Porque están desesperados y
necesitan trabajar. Pero eso es lamentable porque exponen su salud y la
del resto de las personas. Salud debe extremar las fiscalizaciones en
terreno y no ser flexibles con las sanciones.