Hace
tiempo que la Araucanía viene enfrentando momentos difíciles. No sólo
es una de las regiones más pobres del país, sino que también se
encuentra sumida en un clima de violencia donde atentados de todo tipo
son perpetrados casi diariamente. Entre sus víctimas se encuentran
forestales, pero también personas de a pie, cuya vida e integridad
física se ven constantemente expuestas. Un ejemplo de esto es lo que
ocurrió el viernes de la semana pasada en Carahue, donde Carabineros
frustró un atentado a un predio forestal cuyo saldo dejó a uno de los
atacantes fallecido (Pablo Marchant), y a un trabajador en la UCI por
una herida de bala (Ceferino González), que se dice habría sido
disparada por el mismo Marchant. En este contexto, es razonable
cuestionarse si en la Araucanía Chile se ha transformado en un Estado
fallido.
Es
claro que el Estado chileno ha fallado en la Araucanía (y a su gente).
Una de las principales funciones del Estado (sino la principal) es
asegurarles a sus ciudadanos que su vida y sus derechos serán
respetados. Para que esto resulte, es condición necesaria que los
ciudadanos renuncien al uso de la fuerza, otorgándosela al Estado, que
pasa a ejercer su monopolio legítimamente. En otras palabras, el Estado
debe ser capaz de garantizar la paz a sus ciudadanos, haciendo sus
interacciones predecibles bajo el supuesto de que existen reglas que
serán hechas cumplir en caso de ser infringidas. Sin embargo, nada de
esto ocurre hoy en la Araucanía, donde la violencia está desatada y
fuera de control.
Quienes
piensan que el incidente del viernes es un hecho aislado, se equivocan.
Según constató el Fiscal Regional de la Araucanía, en 2020 hubo 122
delitos de alta connotación social (crímenes violentos y que afectan la
propiedad, la vida y bienes de las personas), un aumento del 69%
respecto al año anterior. Para ver en qué se traduce esto en concreto no
es necesario remontarse al Caso Luchsinger-Mackay, donde un matrimonio
resultó calcinado producto de un atentado incendiario. Por ejemplo, en
marzo de este año una camioneta de un equipo de TVN fue atacada por un
grupo indeterminado de personas, lo que resultó en la pérdida de un ojo
por parte del camarógrafo del equipo. Por otro lado, hace algunos días,
desconocidos incendiaron la casa de un exfiscal, reduciéndola a cenizas. Estos son solo algunos de los hechos más “llamativos” del último año.
Sin
embargo, lo más preocupante es la gravedad y lo extendido del catálogo
de delitos cometidos en la Araucanía. Respecto a lo sucedido el viernes
en Carahue, llama la atención que Marchant habría portado un rifle de
guerra (M16), cuyo porte y comercialización está prohibido en nuestro
país (y que probablemente fue el arma causante de la herida del
trabajador forestal). Este mismo tipo de armamento era el que portaban
los comuneros mapuches que resguardaban el féretro de Marchant, según se
constata en una foto viralizada por los mismos comuneros en redes
sociales. La CAM se adjudicó el atentado, declarándole la guerra a “las
forestales y toda expresión del capitalismo en nuestro territorio”. A
esto se suman los indicios de que estos grupos tendrían nexos con el
narcotráfico y el ya extendido robo de madera y cosechas a cambio de que
no sean quemadas. Por lo mismo, sorprende que aún existan quienes
afirman que estos son delitos comunes.
En
este contexto, algunas reacciones del mundo político destacan por su
indolencia. En particular, un grupo de constituyentes (incluida la
convencional por Magallanes, Elisa Giustinianovich) suscribió un
comunicado condenando la muerte del comunero abatido, sin siquiera
mencionar al trabajador herido. Cabe señalar que la CAM ha criticado a
los convencionales mapuches dado que la Convención sería “un acto de
sometimiento al pacto colonial”. En esa misma línea se mostraron los
precandidatos presidenciales Jadue y Boric, quienes a través de sus
cuentas de Twitter no dudaron en ponerse del lado de Marchant antes de
conocer los antecedentes del caso.
Lo que sucede en la Araucanía debiese ser motivo no sólo de reflexión, sino que también de acción.
Por cierto, el restablecimiento del orden público es algo fundamental.
Sin embargo, no es suficiente. Además de hacer frente a la violencia, se
requiere una solución integral que otorgue perspectivas de futuro a la
gente de la zona. El precio de no hacer nada es que el conflicto salga
de la Araucanía y se expanda por el país. La Araucanía está sangrando y
tenemos que hacernos cargo.