El
día de ayer lunes los dos diarios de circulación regional, esto es
tanto El Pingüino como su competidor, sorprendieron y preocuparon a toda
la región con el principal de sus titulares: “AMARRAN Y AMENAZAN CON
PISTOLA A ADULTOS MAYORES PARA ROBARLES EN SU CASA”, efectivamente se
trata de un delito que casi no se da en la región, ha ocurrido solo en
contadas ocasiones, pero delitos de ese nivel de violencia no suelen
perpetrarse en la Región de Magallanes, o no solían suceder, pero como
ya hemos dicho en anteriores oportunidades, cada vez que la delincuencia
visualiza una debilidad, ataca; cada vez que la delincuencia percibe
debilidades en las personas o en el sistema que está destinado a
combatirla, aumenta el número y frecuencia de delitos y aumenta la
violencia de sus delitos, porque percibe con ello una mayor eficiencia y
eficacia en su actuar y porque siente que en la realidad no va a pasar
nada; es decir, se va a interponer una querella contra quienes resulten
responsables que no va a tener mayor destino y finalmente será objeto de
archivo provisional, el que más temprano que tarde será simplemente
definitivo, porque difícilmente se podrán allegar a la causa mejores
antecedentes para investigar.
Se
debe tener en consideración que los delincuentes son enemigos de la
sociedad, porque su actividad principal de vida consiste en atacar a la
sociedad en forma consuetudinaria, por ello es que para combatir la
delincuencia se debe luchar de modo conjunto, se debe estar consciente
que se debe luchar en contra de la delincuencia, porque ella está
formada por individuos que en su actitud, en su “vida económica” o por
su imbricación en organizaciones criminales, se han apartado de modo
permanente de la convivencia de las personas en una sociedad sana, se
han apartado del derecho y no prestan las garantías mínimas de
comportarse conforme a los valores y conductas socialmente aceptadas,
por lo que voluntariamente los delincuentes se han transformado en
enemigos que la sociedad debe combatir y excluir de la esfera social,
con el objeto de garantizar la paz de la vida social.
La
lucha contra la delincuencia significa un actuar conjunto y eficiente
de las autoridades, las personas civiles y las policías; las
autoridades, por una parte, estableciendo los medios para que las
personas no sufran agresiones por parte de los enemigos de la sociedad y
garantizando a las personas respetuosas de la ley el uso de los medios
necesarios para que puedan defenderse de manera eficiente de los ataques
que puedan sufrir por parte de los enemigos de la sociedad, de los
delincuentes; es decir, se debe garantizar a los ciudadanos respetosos
de la ley el derecho a adquirir y utilizar armas de fuego para la
defensa de su vida, la de su familia e incluso la de terceros que se
vean expuestos a ser atacados por parte de delincuentes armados. Los
delincuentes no temen a la policía, a los jueces ni a los fiscales,
razón por la que si se quiere bajar el índice de delitos, a quien deben
temer los antisociales es a eventuales víctimas dispuestas a hacerles frente
de un modo eficiente; las autoridades, por otra parte, deben empoderar y
otorgar a las policías mayores facultades y medios para actuar en la
prevención e investigación de los delitos, otorgar los recursos y el
respaldo necesarios para el actuar policial de manera eficiente en
contra de la delincuencia. Las personas civiles deben estar debidamente
convencidas de la necesidad que hoy se requiere de defenderse
legítimamente con medios eficientes, de repeler a la delincuencia
con todos los medios que se tengan para evitar los ataques de los
enemigos de la sociedad, de modo que estos efectivamente sientan temor
de actuar en contra de las personas. Las policías, por su parte, deben
actuar con todo el poder y los medios que se les otorgan para prevenir,
investigar y aprehender a quienes se dedican a atacar a la sociedad,
establecer la inteligencia necesaria para desbaratar el crimen
organizado, el tráfico de drogas, la trata de personas, los delitos
violentos en contra de las personas y el delito en general.
Por
lo anterior, resulta un absurdo que el Gobierno pretenda desarmar a las
personas respetuosas de la ley, porque los delincuentes no se van a
desarmar, no van a entregar sus herramientas de trabajo, sino que en una
situación así van a aprovechar que no tendrán una defensa eficiente y
van a aumentar el número y la violencia de los delitos en contra de
civiles desarmados, sin que las policías lo puedan evitar porque su actuar siempre es y será posterior a la perpetración del delito, y los únicos que pueden evitar un delito son las propias personas civiles que cuenten con los medios para ello.
No al desarme de las personas respetuosas de la ley.