Siempre
cabe hacer un llamado de atención para que al momento de votar la
posibilidad de una nueva Constitución, ella pueda efectivamente
convertirse en un factor legítimo de unión de los ciudadanos de la
república, que respete su libertad, porque en definitiva lo que más
pertenece a cada persona es su libertad, esa capacidad para decidir qué
hacer con su vida sin que ello signifique una infracción a las normas de
convivencia, ni sobrepasar y menos vulnerar o perjudicar el derecho de
las demás personas; en buenas cuentas, nuestra libertad de decidir de
manera criteriosa, respetando a los demás. Para eso es necesario contar
con un poder total y absolutamente independiente del poder político; es
decir, que sea realmente autónomo, de manera que pueda proteger a las
personas tanto de las demás personas como del Estado, de las autoridades
que lo dirijan e incluso del Parlamento. Lo que se requiere para eso es
la existencia de un Poder Judicial autónomo, separado y sin ninguna
dependencia de los poderes políticos, que incluso, si así lo exigen la
ley y los criterios de justicia, pueda resolver sin ninguna clase de
problemas para ese Poder, ni para el juez que adopte la respectiva
decisión, incluso contra las actuaciones arbitrarias, injustas o
contrarias a derecho que cometa cualquier autoridad o funcionario del
Estado o del parlamento; esa es la única forma en que las personas en su
calidad de tales se encuentren protegidas. Se requiere necesariamente
de la existencia de un Poder Judicial de carácter autónomo e incluso con
mayor independencia de la que actualmente tiene. Digo lo anterior,
porque en la actualidad existe la intervención, para la designación de
los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, tanto del Poder
Ejecutivo, que hace una proposición del respectivo “candidato a
ministro” del más alto tribunal de la república, lo que es aprobado por
el Senado; y si este no lo aprueba, se requiere de una nueva
proposición.
Ya
esa norma me parece intervencionista de los poderes políticos en otro
poder del Estado y la critiqué mucho cuando se instauró; debe existir la
suficiente libertad para la autorregulación del Poder Judicial con
absoluta prescindencia de los otros poderes del Estado, pero lo que
pretende hacer la Convención Constitucional es definitivamente
inaceptable, pretende someter derechamente el Poder Judicial a los
poderes políticos, quitándole la calidad de Poder del Estado y
transformarlo simplemente en un “sistema judicial”; eso es algo que no
se puede aceptar en modo alguno, el Poder Judicial debe estar dotado del
máximo de libertad y autonomía y sujeto de modo jerárquico
exclusivamente a los Tribunales Superiores de Justicia, sin que pueda
tener ninguna clase de intervención ni en la noble función de impartir
justicia, ni en el nombramiento de sus integrantes, menos aun en su
fiscalización de ningún otro poder del Estado. Debe estar dotado de la
más absoluta autonomía respecto de los poderes políticos, y la promoción
de sus integrantes debe estar sujeta única y exclusivamente a la
decisión de los Tribunales Superiores de Justicia y a las calificaciones
que certifiquen el mérito y calidad de cada uno de sus integrantes,
pero calificados por quienes dentro del Poder Judicial tienen los
conocimientos necesarios para dar esa calificación; es decir, las Cortes
de Apelaciones y la Corte Suprema, pero nadie más, menos los poderes
políticos, siempre susceptibles a ser demandados por los particulares,
siempre sujetos a que sus actuaciones contrarias a derecho o arbitrarias
o incluso derechamente dañosas puedan ser reclamadas ante los
Tribunales de Justicia; y lo único que garantiza que no se perjudique
innecesariamente a las personas, es que los Tribunales puedan actuar con
la debida libertad y autonomía, con absoluta prescindencia de los
poderes políticos, eso es lo único que garantiza que las personas estén
protegidas frente al aparato público. Por ello en un Estado Democrático
de Derecho, un requisito fundamental es la existencia de la separación
de poderes; si no es así, si no existe un Poder Judicial libre y
autónomo, la única solución para evitar el perjuicio de las personas es
rechazar la proposición de nueva Constitución.