Una serie de reacciones, desde distintos ámbitos, ha provocado la reciente ola de secuestros en nuestro País. Muestras de preocupación, críticas al actuar de personeros públicos o modificaciones legislativas que aumenten las sanciones, han sido la tónica los últimos días. Lo cierto finalmente es que las denuncias de secuestro vienen creciendo sistemáticamente desde 2017, y lo que antes era un delito infrecuente, hoy tiene una tendencia a aumentar, pero con características distintas en donde la extorsión y la vinculación con el crimen organizado es un factor relevante.
El delito de secuestro en Chile no es algo nuevo, por algo está tipificado en Chile desde el siglo XIX. Sin embargo, ha tenido un aumento sostenido, casi llegando a duplicarse entre los años 2021 y 2022. Por tal razón, el año 2022 el presidente Boric envió al parlamento un proyecto que aumentaba las penas para el delito de secuestro, el cual fue aprobado el presente año (Ley 21.557). La nueva ley sanciona con presidio de 5 a 15 años a quien pida rescate o secuestre por más de 24 horas. Las penas aumentan a presidio perpetuo si el secuestro termina en homicidio. Que la dinámica del delito llevará a la revisión y ajuste de la legislación en el tiempo, por supuesto que sí, pero que la derecha ataque al gobierno, a pesar de que la ley específica del tema fue aprobada hace menos de siete meses, es por lo menos injusta y oportunista.
La relación del secuestro con el crimen organizado es un tema de preocupación y en escalada. Esta relación es un fenómeno a nivel mundial que lamentablemente ha llegado a Chile. Sicarios, narcotráfico y bandas con fines de extorsión son las nuevas aristas o características de los secuestros en Chile. Modernizarnos y perfeccionarnos es el objetivo inmediato para nuestra institucionalidad; por tanto, los análisis mezquinos y oportunistas sin ideas viables y apropiadas es infructuoso. Un fenómeno complejo como este no se soluciona con más sanción o cárcel, menos en las circunstancias actuales de nuestro sistema penitenciario. Hay que revisar nuestra institucionalidad para perfeccionarla y evitar que sea permeada. Hay que combatir la organización de este delito, investigando y generando acciones coordinadas y permanentes. Seguramente con menos oportunismo, nuestro mundo político podrá concentrarse en el problema y sus causas para proponer nuevas y mejores ideas.
Ante el comportamiento de algunos parlamentarios de derecha que se escandalizan por esta ola de secuestros, es valedero recordar el comportamiento de su sector cuando los secuestros fueron perpetrados por agentes del Estado o frente a los fallos de la Corte Suprema en esta materia. Que importante hubiese sido su apoyo cuando el juez Guzmán declaraba el secuestro un delito permanente; por tanto, imprescriptible. Que importante hubiese sido que su sector en la discusión constitucional hubiese estado en contra de evitar la liberación de los perpetradores de este delito, hoy presos en Punta Peuco. Parece que en algunas circunstancias se tiende a relativizar el secuestro, de acuerdo a su conveniencia.
Seguramente las próximas semanas la discusión nos referirá a analizar la posibilidad del Ministerio de Seguridad Pública o a la necesidad de una Política Nacional contra el Crimen Organizado; sin embargo, es indispensable que se haga sin intereses mezquinos, sin tratar de obtener un minuto de fama o golpeando al gobierno de turno. Chile es aún un país seguro y modernizarnos para mantener o mejorar esta condición es la tarea inmediata para todos.