Hasta en condiciones críticas como las que vivimos en Magallanes,
en medio de una pandemia y en una cuarentena total, dependemos de
decisiones centralistas. En un país donde el 2% del territorio concentra
más del 40% de la población y el 100% de dos de los tres poderes del
Estado, las prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de
una real autonomía regional. Pero ello, que siempre es promesa
electoral, nunca se concreta. La lista de espera a las demandas de la comunidad suele
afectarnos fuertemente, en especial a Magallanes. Es como si a
propósito nos dejaran para el último, por ser esa perdida región a punto de caer del mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de decisiones que se les otorga
a nuestras propias autoridades. Veremos ahora ¿cómo se va a manejar el
nuevo gobernador regional? En la mayoría de los casos nuestros
intendentes y seremis tienen que levantar el teléfono y esperar un visto
bueno desde Santiago. Eso nos retrasa demasiado. Más aun cuando se trata de situaciones como la pandemia por coronavirus.
Hay que esperar, siempre hay que esperar. Necesitamos que nuestras
autoridades demanden mayor autonomía y competencias para acometer la
labor de atender la diversidad de prioridades que se manifiestan a
diario en una extensa región como lo es Magallanes y Antártica Chilena.
Esa demanda que, en ausencia de coordinación entre autonomía y traspaso
de competencias para ejercerla, se mantiene a la espera de ser
satisfecha. La descentralización orientada al desarrollo de las regiones requiere actualmente en Chile un
incremento del poder tanto de los gobiernos regionales como de los
actores sociales territoriales. En Chile hay una insuficiencia política y
democrática en los gobiernos regionales que limita la puesta en marcha
de una política de desarrollo. Esperamos que eso quede en el pasado cuando asuman los nuevos gobernadores regionales. Esta insuficiencia, que se
puede reconocer en el problema de las competencias limitadas y en el
déficit democráticos, tiene una consecuencia de peso en la incapacidad
de los gobiernos regionales para generar procesos de integración social basados en la configuración de una identidad territorial.