Columna/Análisis / Eugenia Mancilla presidenta regional Democracia Cristiana
También nos mostró la cara más
ingrata de la política, la de las rencillas, acusaciones y aprovechamiento para
atacar a cuanto personero estuvo relacionado con esta institución. Lo triste,
es que en medio de esta discusión quedaron, como siempre, las reales víctimas:
los niños y niñas vulnerados.
En anexo reservado al informe
quedan para el estupor y la incredulidad 1.313 niños, niñas y adolescentes
fallecidos en los últimos 10 años, mientras estaban bajo la responsabilidad del
Estado. Lo cierto es que el Sename se demoró meses en aclarar esta triste
cifra, lo que indica el lamentable
estado de esta institución.
Muchos de ellos murieron en el
sistema residencial de protección del Sename, otros en organismos colaboradores
privados, otros cumpliendo condena en recintos de menores infractores de ley y
los menos bajo la tutela de programas ambulatorios.
Todos y todas seguramente
víctimas de maltratos, abusos y negligencias, algunos por cierto por enfermedad
o causas naturales. Jamás lo sabremos, ya que de esta macabra cifra a solo 23
de ellos se le practicaron autopsias.
Se trata de una noticia
devastadora, dolorosa e inaceptable que debe avergonzarnos como sociedad y
preguntarnos por qué hemos permitido esta vulneración de derechos hacia los más
desprotegidos, los más indefensos.
Hoy todos sin excepción
lamentamos esta realidad, con dolor y frustración. Al escuchar esta noticia se
vino a mi mente el estudio realizado a estos centros por parte del Poder
Judicial del año 2013, que señalaba entre sus conclusiones: niños con problemas
de salud crónicos que no reciben atención, fuerte retraso en el nivel escolar,
abusos físicos y sicológicos, extensas internaciones que duran hasta cinco años
y en las cuales muchos menores no mantienen contacto afectivo con ningún adulto
que puedan sentir como “familia”, entre otros horrores.
Esto sumado a otros antecedentes
obtenidos en décadas de trabajo por equipos multidisciplinarios, revelan el
completo abandono de miles de niños a manos del Estado. Entonces, sólo nos
queda reflexionar: si sabemos desde hace muchos años que los niños y niñas son
vulnerados en sus derechos dentro de los hogares, ¿por qué la sorpresa e
indignación de todos al conocer los detalles de este informe?.
Solo cabe una explicación: detrás de estas
cifras hay seres humanos, niños, niñas y jóvenes que han estado ausentes de los
gobiernos, de la política y la agenda pública, pero también de nuestras
vidas. Sus existencias y dolor están
sumergidos bajo un manto de olvido social y político. Por ello, la discusión no
se puede reducir a pedir explicaciones del porque murieron y por qué estos
niños no están en ninguna estadística. La solución no pasa únicamente por
identificar a los responsables, cambiar a directores o Ministros. Se trata de
un desafío mayor. Primero conocer la verdad en toda su dimensión. Segundo
reparar el mal causado y otorgar justicia a las víctimas de estas violaciones a
los derechos humanos y tercero revolucionar la forma en que el Estado entiende
la protección de la infancia y juventud. El día
en que tengamos una institucionalidad a la altura de sus necesidades, esta
noche triste para la democracia formara parte del pasado.