El
caso fundaciones, también conocido como caso convenios, destapa la
existencia de un señorío de oportunistas y mentirosos actuando a través
de un artilugio de corrupción política. Los involucrados aprovechan la
cercanía al poder para orquestar su golpe y desviar dineros públicos a
arcas personales. Si bien aún está en investigación, el mero oportunismo
ya es cuestionable.
Es
claro que este tipo de comportamiento genera una democracia
innecesaria. Sin embargo, la falta de formación de quienes ejercen
política provoca el surgimiento de los tramposos de distinto tipos,
clásicos embaucadores con el cuento del tío, con la lógica de Pedro
Urdemales (parangón del pícaro que engaña hasta el diablo) a costa del
servicio público.
En
Chile esta personificación del personaje ladino, de cultura popular,
que valora altamente la astucia como una forma de supervivencia, que
demanda satisfacer sus necesidades y deseos sin consideración alguna por
otros, encarna hoy en día el espíritu del oportunismo, muchas veces
reconocido y validado por la población. Y lo que es peor, su actitud es
adoptada por nuestras elites políticas y autoridades.
Al
mismo tiempo, las fundaciones son un tipo de persona jurídica que
carece de ánimo de lucro, cuyo objetivo y legitimidad es el bienestar
social. Eso es lo que se supone persiguen, aunque por lo que hemos visto
en estos últimos meses se han transformado en un modelo de negocio.
Siendo
así, el paradigma de cómo vemos sus funciones ha cambiado, cuando
divisemos alguna de las distintas fundaciones operativas, sin duda se
van a cometer injusticias al juzgarlas con recelos de por medio.
¿Cuántas de estas realmente están cumpliendo su labor social para las
que fueron hechas, y cuáles se están aprovechando al respecto? Esa
respuesta no lo sabemos por el momento. En concreto, a la fecha existen
47 fundaciones siendo pesquisadas por el ministerio público en 10
fiscalías regionales a lo largo del país.
Para
recuperar la credibilidad perdida a causa de los escándalos, la
Contraloría General de República debería generar una auditoría a todas
las fundaciones que trabajan con el Estado, así pasar la prueba de la
blancura y darle certeza a la ciudadanía que los convenios existentes
actúan honestamente y han cumplido sus objetivos con ese mismo dinero.
Los
hechos nos llevan a reflexionar y a entender que nosotros, los
ciudadanos, debemos ejercer una fiscalización enérgica sobre estas
acciones. Sobre todo, enjuiciar este tipo de comportamientos
persistentemente y aplicar el castigo político propiamente tal, porque
de otro modo sus gestores quedan impunes, como muchas veces ha ocurrido.
Al final los abusos, sino tomamos consciencia, los seguirá pagando
Moya.
El
problema radica frente al deterioro de la moral política, que lleva a
que el público crea a cualquier manifiesto convincente, porque la
política se ha llenado de oportunistas y mentirosos que usan la
tautología, el argumento falaz, inválido, vacío para sacar ventajas
políticas de un lado o del otro, conseguir desembolsos del erario
público, o ganar la credibilidad ciudadana y del sistema político.
Así
es como surgen estas fundaciones vinculadas al gobierno y a las
gobernaciones regionales. Una oportunidad tomada ante las medidas de un
gobierno. Solo que sus acciones aumentan la desconfianza al quehacer de
las instituciones, expandiéndose al cuestionamiento del rol del Estado,
que como bien sabemos, cumple un rol subsidiario sin hacerse cargo
directamente de los problemas de los ciudadanos.
La
combinación de la disminución de la credibilidad, antagoniza finalmente
al buen gestionar de los recursos y de las propuestas políticas a
beneficio de la ciudadanía. Provoca mayor tensión en la sociedad que
puede derivar en peores acontecimientos, como mayor pérdida de la
legitimidad y de la confianza en quienes dirigen, abriendo paso a
populistas que den remedios fáciles.
En
fin, ya es hora que el sistema político cumpla su rol de representación
y organizador de las tareas públicas a beneficio de todos, avanzando en
las soluciones, fortalecimiento de un Estado más eficiente y con la
capacidad de fiscalizar mejor los recursos fiscales.