Es
un lugar común en la cultura democrática y política liberal hablar y
defender la separación o división de los tres poderes del Estado
moderno: legislativo, ejecutivo y judicial. Ello es la piedra angular de
la democracia que hemos decidido practicar. Y la finalidad de esta
sencilla y básica regla democrática es que los poderes de unos limiten o
demarquen los poderes de otros. Por ello, llama la atención, por estos días, que algunos actores políticos con “vocación democrática”, olviden de pronto este principio democrático básico y que intespestivamente reclamen “para si” casi todos los espacios o esferas del Poder democrática y legítimamente constituido. Inclusive
reclaman el Poder Constituyente originario, que no está incluido en la
triada de buen gobierno antes mencionada, pues afortunadamente aún hay
consenso en que esta esfera corresponde a la soberanía
popular y que finalmente reside en el pueblo. Y en virtud de esta
soberanía democrática estamos todas y todos convocados a un plebiscito
para sancionar una Nueva Constitución para Chile el próximo
4 de septiembre 2022. A modo de ejemplo de este “olvido” o “lapsus
democrático” (o autoritario según el punto de vista con el cual se
analice) el recién electo senador
Juan Luis Castro (del llamado socialismo democrático) ha declarado con
convicción y gran vehemencia lo siguiente: “El tiempo de la
constituyente se acabó. Ellos tuvieron un mandato, duró un año, lo
hicieron como lo hicieron y ahora estamos viendo los resultados de lo
que hicieron. El Poder Constituyente vuelve a estar radicado en el
Congreso Nacional con representantes elegidos con igual o mas votación
que los propios constituyentes” sentenció el parlamentario socialista,
quien a pesar de esta dura crítica promueve el Apruebo en el próximo
plebiscito de septiembre. Lo que queremos destacar y recordar, frente a
esta particular crítica amiga, es que la Convención Constitucional, es
el órgano idóneo, legítimo y democráticamente
elegido para redactar una nueva Constitución para Chile. Y su
legalidad, poder democrático derivado de dos procesos electorales
previos (Plebiscito de entrada y elección respectiva de los 154 convencionales que finalmente redactaron y aprobaron con altísimo quórum y estándares
democráticos) no puede ser soslayado más allá de los resultados del
Plebiscito de salida. Y obviamente, nadie ha votado para que el Poder
Constituyente “vuelva al Congreso”, como indica el Senador Castro (PS).
Pues, ello más allá de ser solo una afirmación sin ninguna base
democrática, más bien demuestra un claro “olvido” de la tradición
constitucional democrática que le reconoce al pueblo dicho poder
originario y su eventual “delegación” en alguna otra institución
democrática determinada. Sumado a ello, hay un olvido de la sana
doctrina de la división de los poderes democráticos, pues, el Congreso
Nacional tiene una función legislativa claramente determinada y
demarcadas, entre las cuales no están elaborar una nueva constitución,
sino más bien ejercer labores legales, interpretativas y de
implementación de los principios y normas constitucionales que
seguramente serán aprobados en el próximo plebiscito de septiembre.
Complementariamente,
y para reafirmar lo antes planteado, adherimos a lo planteado por el
destacado abogado constitucionalista y ex convencional constituyente,
Jaime Bassa (2007) que en uno de sus múltiples trabajos académicos en el
ámbito de los estudios constitucionales señala lo siguiente: “En
definitiva, la voluntad del pueblo, manifestada por todas las voluntades
individuales, es la única vía legítima para delegar el ejercicio del
poder y fijar las actuaciones de los cuerpos públicos, con el fin de
evitar que su ejercicio se torne perjudicial para sus comitestes. Como
el ejercicio de la voluntad del pueblo se mantiene libre e
independiente, éste retiene en forma permanente la capacidad de reformar
sus leyes fundamentales o de revocar los mandatos conferidos”. Por
ello, desde nuestro punto, aceptar estas claves democráticas, antes,
durante y con posterioridad al próximo plebiscito, son aspectos
esenciales para asegurar la convivencia social y recuperación plena de
una tradición democrática que fue interrumpida ilegítimamente por un
golpe de Estado hace 49 años.