Ante
la discusión de un eventual tercer retiro de fondos previsionales se
han podido escuchar todo tipo de apreciaciones y calificaciones sobre
una medida que en tiempos de una prolongada pandemia con una profunda y
agravada crisis social se aprecia como una alternativa necesaria y útil,
ante severas dificultades económicas y sociales.
Las
discusiones se basan en argumentos que van desde los más ideológicos a
los más superficiales e inútiles, carentes de realidad o conmiseración
con las personas de diferentes niveles sociales que lo están pasando mal
y viven angustiadas ante el paulatino desmejoramiento de su nivel de
vida.
Como
descubriendo una verdad develada, algunos líderes políticos,
principalmente partidarios del Gobierno -que son cada vez menos-,
esgrimen “que no es una buena medida”, como si eso estuviera en
discusión. O bien “que sería pan para hoy y hambre para mañana”, lo que
también constituye una falacia debido a que para muchos cotizantes que
tienen escasos fondos será hambre para mañana con o sin retiro, porque
igual bajo el esquema actual estarán condenados a una pensión mínima
solidaria.
Los
argumentos ideológicos contrarios a los retiros se esconden bajo el
supuesto de la protección de un sistema de “seguridad social” que en la
práctica no existe y que ha sido eficiente solo para alimentar de
recursos frescos al sistema financiero, pero no para pagar pensiones.
Agravado con la promesa no cumplida de una tasa de recambio del 70% (lo
que una persona percibiría como pensión respecto de su sueldo cuando
estaba activa).
Otra
tozudez argumentativa del Presidente y su séquito más inmediato viene
dada por sostener que las ayudas otorgadas a través de planes que llevan
nombres de siglas que las personas no retienen, ni aprecian, serían más
eficientes. En la práctica esto también resulta ser falaz, debido a que
ya es un consenso de los ciudadanos que la formas de entregar apoyos o
ayudas a las familias han sido más que confusas: repletas de requisitos y
muy difíciles de comprender, incluso para las autoridades que tratan de
explicarlas.
Las
ayudas a las familias de diversas índole y condición no pueden ser
sublimadas por opiniones de líderes o gobernantes que han demostrado una
nula empatía, pese a las señales e informaciones como las del Banco
Mundial, que claramente indican que 2,3 millones de personas de la clase
media chilena han retrocedido a condiciones de vulnerabilidad.
Lo
cierto es que mofarse o no tener conciencia de las necesidades de las
familias chilenas es un pecado social grave, cuyo precio los sectores
más ortodoxos del Gobierno no logran imaginar y dimensionar debido a que
hipotecarán por un largo periodo de nuestra historia una de las
condiciones básicas necesarias para que un país tenga “cohesión social”,
como es la confianza en sus autoridades en tiempos de crisis,
calamidades o desastres.
Jugar
con las necesidades de las personas es como juagar con fuego, no solo
se corre el riesgo de quemarse las manos, sino que también la casa
completa, por lo que ojalá las autoridades se pregunten si realmente son
útiles, necesarias y bondadosas.