Servicio de Reinserción Juvenil: ¿Es suficiente?

Recientemente
se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.527 que crea el Servicio de
Reinserción Juvenil, después de 5 años de tramitación. Los siguientes
pasos dan cuenta de una implementación gradual del nuevo Servicio, que
debiera extenderse por 3 años más.

El
nuevo Servicio tiene un especial énfasis en la especialización y
profesionalización. Sus altos directivos serán elegidos por el sistema
ADP (Alta Dirección Pública), no obstante, habrá un espacio de
continuidad laboral para los trabajadores del antiguo Sename, en base a
la evaluación de sus trayectorias. Asimismo, se creará un Comité de
Estándares y certificación para promover la calidad de la Oferta, donde
la intervención se estructurará en base a un Plan que tendrá seguimiento
judicial, adicionalmente se crean condiciones para el monitoreo a
través de un expediente único de ejecución, se introduce la Mediación
Juvenil como una herramienta desde la lógica restaurativa de la Víctima y
se incorpora mayor énfasis en los procesos de reinserción, entre otros
aspectos.

La
lógica del nuevo Servicio es ser parte de un Sistema que está en el
marco de la Ley de Garantías de la Niñez, vigente desde marzo de 2022,
pero con serios déficits de implementación, tanto en la sede
administrativa como en la protección especializada. En efecto, los
dispositivos preventivos que reduzcan los factores de riesgo en niños y
jóvenes debieran operar desde las “Oficinas Locales”, cuya
implementación está fuertemente retrasada, lo que genera impactos en la
cronificación de las vulneraciones que terminan en las listas de Espera
de “Mejor Niñez”. Asimismo, los dispositivos para cuando los niños ya
inician dichas trayectorias han sido insuficientes en cobertura y en
resultados.

La
evidencia es contundente en demostrar que 7 de cada 10 niños desiste
del delito si vuelve al Colegio o a una familia con conductas pro
sociales, sin embargo, los recursos y programas de reingreso educativo
son escasos frente al universo creciente de exclusión escolar y la
oferta disponible para trabajar con familias es hoy más reducida y con
menos evidencia que la que existía hace algunos meses. Adicionalmente,
crece el involucram
iento delictivo de
niños en bandas y en delitos graves de alta connotación y se carece de
una Agenda Temprana de Prevención Social que se haga cargo del aumento
de factores de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas, que son
la causa del 30% de los delitos cometidos por niños y están presente
en a lo menos el 50% de los casos.

Es
indudable que el nuevo servicio cuando se implemente va a ser un
elemento con buenas posibilidades de contribuir a la rehabilitación,
pero su éxito dependerá de la capacidad de instalarse sobre un Sistema
de Protección integral que realmente funcione, para lo cual quedan
importantes nudos que deben resolverse con urgencia para que finalmente
dejemos de llegar tarde y seamos garantes efectivos del desarrollo
positivo de la niñez.

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