Salvo
por la demanda de la deuda histórica, o el poder tener una nueva
Constitución, no debe haber en el país algo que fuese más demandado
permanentemente que el retorno de la educación pública a manos del
Ministerio de Educación, con temor a ser denostado alguna voces se
atrevían a decir aunque sea en voz baja, o en modestas columnas de
opinión que el problema no era quien administrara la educación, si no
como se hiciera aquello, hasta el día de hoy hay múltiples
administraciones municipales de la educación y salud que lo hacen bien y
con buenos resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Gracias
a la voluntad ciudadana de mis coterráneos y coterráneas me tocó la
posibilidad de participar en el debate de la Reforma Educacional que en
un proceso largo devuelve al Mineduc, a través de los Servicios Locales
de Educación, la administración de la Educación, no olvidar que sólo la
administración estaba en manos municipales, todo lo técnico-pedagógico,
la parte normativa, de contenidos, de procesos, etc, dependía de ellos,
ayer, hoy y mañana seguirán estando en manos del Mineduc, eso no cambio
en dictadura, menos en democracia.
Gran
parte de la discusión en las Comisión de Educación se centro en el
modelo que se deseaba implementar y se escucharon a todos los actores,
allí destacados parlamentarios dirigieron los debates como Camila
Vallejo o Mario Venegas, con la participación permanente de diputados
como Giorgio Jackson, Gabriel Boric o Yasna Provoste, ocasionalmente
también el que escribe o Patricio Vallespin, entre otros muchos y
muchas. Los dirigentes gremiales de los Colegios Profesionales
nacionales y locales fueron parte permanente del debate, aportaron sus
experiencias, sus temores y sus esperanzas, nacidas
del trabajo por años y años en la Educación Pública junto a los alumnos
y alumnas más vulnerables del sistema educacional.
Sí
hubo cosas que se discutieron con intensidad y en las cuales no hubo la
cantidad de votos suficientes para dejar plasmados en el articulado
permanente de la ley, estas fueron la necesidad de que se determinar el
costo real de educar a una persona en el sistema público y que la USE,
Unidad de Subvención Escolar, reflejara ese costo y no un monto
arbitrario determinado por el que financia, o mejor dicho por la
Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda de turno,
la segunda gran discusión fue el terminar con el criterio de que esa ya
insuficiente subvención, se pague siempre por la cantidad de alumnos en
el sistema o colegio y no por la asistencia promedio del alumno (a),
las horas de clases, los docentes, los asistentes, el agua, la luz o el
gas tienen el mismo valor si es asisten cuarenta, veinte o un alumno.
Defendimos
que se mantuvieran la cercanía con la comunidad regional y local y que
era preferible un sistema que considerara a la región sus autoridades,
sus padres, madres, docentes, asistentes de educación, etc., en la
administración, que se considerará al sujeto de la Educación él o la
Joven que se va a formar. Algo se logró no todo, conociendo la realidad,
hicimos presente que en la puesta en marcha el sistema debía comenzar
con cero deudas de servicios básicos, de remuneraciones, salud,
previsión, etc. El año 2025, era el año que se acordó con el Mineduc, al
terminar la tramitación en el Senado para iniciar el proceso en
Magallanes. Seguramente autoridades posteriores han pedido adelantar el
proceso, o al menos no han hecho nada para que se mantenga la fecha
acordada, ellos debieran dar una explicación. Pedimos en su momento que a
la hora de iniciar el proceso se suplementen los presupuestos de los
servicios locales de las regiones, para que los cientos y miles de
millones que eran aportados por los Municipios de la región, y que ya
no estarán necesariamente, no generarán problemas graves. Además que se
revisarán oportunamente el estado de la infraestructura educacional,
especialmente ahora por estallido social y pandemia, sistema que no se
usan por casi dos años en forma normal, puede presentare deficiencia no
menores, suponemos que eso se habrá realizado y se están tomando y se
tomarán las medidas correctivas oportunamente.
La racionalidad invita a retomar la fecha inicial del proceso y con los
presupuestos e infraestructura adecuados, que tengan una buena semana.