Esta
semana, la Cámara de Diputados por amplia mayoría aprobó la reposición
del voto obligatorio, lo que significa que para ellos es necesario que
todos estén obligados a ir a votarles en elecciones, y quien no asiste
será objeto de sanciones en dinero. Cabe hacer presente una distinción
jurídica entre obligación y carga. Carga es aquella conducta que se pide
o espera de una persona, y que si no la cumple o realiza, no va
aparejada una sanción, sino la pérdida de algún derecho (un alumno tiene
la carga de estudiar, pues si no lo hace, pierde el derecho de aprobar
el curso, pero no es sancionado). La obligación, en cambio, trae
aparejada una sanción para el caso que la persona no cumpla la conducta o
lo que se espera de ella (por ejemplo, si no se pagan contribuciones
territoriales, la sanción es su cumplimiento forzado, normalmente el
remate de la propiedad). Luego, lo que los políticos aprobaron es la
idea de sancionar si alguien no asiste a votar, en el entendido de que
es obligatorio.
La
idea detrás del voto obligado es “fortalecer” la democracia, dicen.
Señalan que una de las obligaciones de todo ciudadano es participar en
la vida comunitaria, que sería una de las contraprestaciones por recibir
del Estado beneficios y ayudas. Dicen también que en la medida en que
las personas no concurran a votar, los elegidos lo pueden ser con muy
poca votación, lo que afectaría la legitimidad de fondo de las
autoridades electas, y que para contrarrestar esta circunstancia es
imperioso que se les apremie a las personas para que expresen su opinión
mediante el voto. En las elecciones de este mes, solo el 40% de las
personas habilitadas para sufragar concurrió a hacerlo. En Magallanes
solo el 39% asistió y en otras regiones incluso fue menor. Son razones
como estas que se esgrimen para estar a favor del voto obligado. Se
puede apreciar con nitidez que los políticos tanto de partidos
institucionalizados como los independientes de toda ralea
responsabilizan a las personas, a los ciudadanos de la baja
participación. Sin embargo, hay que tener muy presente que el mundo y la
escena políticos pertenecen en exclusiva a los políticos: ellos ponen
las reglas; monopolizan la discusión; hicieron que todos nosotros
financiemos sus elecciones y en general sus actividades; son los que
eligen a las personas que presentarán como candidatos como a sus
directivas pagadas con dinero público; nos dicen cuándo debemos votar y
por quiénes. Luego, a pesar de que los políticos monopolizan esta
actividad, el “rating” les ha bajado dramáticamente; las gentes ya no
les escuchan ni les ven. Recorre una profunda desconfianza en sus
personas como en la actividad política propiamente tal. La respuesta de
los agentes políticos, sean de partidos o independientes, es
responsabilizar a los ciudadanos de la desconfianza que se les tiene, y
nos obligarán a ir a votar cuando ellos decidan, y por los candidatos
que ellos elijan, aunque sea un ladrón, un estafador, un delincuente o
una persona de dudosa reputación. Estaremos más presos aun de su
voluntad; seremos menos libres de decidir si voy o no a votar por alguno
de ellos.
Si
los políticos de verdad quieren elevar la discusión haciendo que los
asuntos públicos interesen a la mayoría de las personas como para
levantarse e ir a votar, en vez de responsabilizarnos por la escasa
aceptación que tienen, deben cambiar su conducta, elevando el debate y
no repetir consignas vacías; deben escoger candidatos honorables; deben
demostrar que sus ideas mejorarán la vida de las personas en un ambiente
de libertad y progreso.